00

Elizabeth Jelin es investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Fotos: Santiago Rodríguez – Unimedios

Rocío Martínez, investigadora principal del informe “La guerra inscrita en el cuerpo”.

Liliana Chaparro, candidata a doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la U.N., una de las gestoras del evento.

Carlos Beristain, miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, también participó de la mesa.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Esta fue una de las conclusiones a las que se llegó durante la mesa de trabajo y discusión pública “Memoria y violencia sexual, entre lo público y lo privado”, organizada este martes por el Centro de Estudios Sociales, el Doctorado en Ciencias Humanas, la Escuela de Estudios de Género y el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

El evento contó con la participación de la socióloga e investigadora argentina Elizabeth Jelin, quien ha liderado investigaciones pioneras sobre el trabajo de la memoria en el contexto de los regímenes de represión del Cono Sur.

La profesora hizo un llamado a respetar el derecho al silencio de las víctimas de este tipo de violencia y a recuperar una opacidad que les permita reconstruir la intimidad personal para elegir qué, cuánto y a quién contar. Esto ante un escenario en el que se plantea un creciente reclamo de la sociedad para que las víctimas hablen.

“Permanentemente estamos transitando en un terreno viscoso entre hablar y no hablar”, asegura la socióloga, quien aprovechó para hacer un recuento histórico de la manera como se ha transformado el reconocimiento que se le da a la violencia hacia las mujeres en los conflictos, que antes se incluía dentro de la noción de tortura.

“Un cambio importante que tiene que ver con mirar las violaciones sexuales no como actos individuales, encuadrándolos en un esquema de análisis político, no como un daño colateral sino como un elemento constitutivo de la violencia”, explicó la profesora, quien añadió que en algunos momentos del conflicto las agresiones sexuales toman una dimisión de afrenta hacia a la nación, representada en las mujeres que la reproducen, más que un crimen de honor.

En esa misma línea, Rocío Martínez, investigadora principal del informe “La guerra inscrita en el cuerpo” –documento sobre violencia sexual en el conflicto armado publicado en 2017 por el Centro Nacional de Memoria Histórica–, planteó que entender la violencia sexual es fundamental para entender el conflicto armado en Colombia, y también subrayó que no es un hecho que pueda ser visto como daño colateral.

“La violencia sexual ha sido un engranaje central que se usó y se usa porque funciona. La asumimos más allá de una estrategia como una violencia que es funcional a los fines de todos los grupos armados”, sostiene la investigadora, quien agregó que el trabajo que se hizo con el informe fue el resultado de la Ley 1719 de 2014 promovida desde las organizaciones de mujeres.

La investigadora también indicó que existen condiciones sociales que hacen que se exculpe a los victimarios y se culpe a las víctimas de violencia sexual, que históricamente han sido las mujeres. Por esa culpa se garantiza que la mujeres no hablen después de lo sucedido, por el temor a que se les revictimice e incluso se les lleve al desplazamiento ante la amenaza de una posible repetición.