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La U.N. forma a docentes en educación inclusiva

El Grupo de Investigación Políticas, Discapacidad y Justicia Social, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), apoya la implementación del Decreto 1421, que reglamenta la educación inclusiva en el país.

Bogotá D. C., 26 de febrero de 2018Agencia de Noticias UN-

El 90 % de los niños que están en condición de discapacidad no asisten a una institución educativa. Fotos: archivo particular.

Los colegios del país deberán aplicar el Decreto 1421, que reglamenta la educación para personas discapacitadas.

Solo el 27,4 % de los menores en condición de discapacidad, entre los 6 y 11 años, van al colegio.

El 34 % de las personas en condición de discapacidad no saben leer.

Buena parte de los estudiantes en condición de discapacidad abandonan su formación escolar.

Según un informe del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPCD), del Ministerio de Salud, el 90 % de los niños en condición de discapacidad no asisten a una institución educativa; solo el 27,4 % de los menores entre 6 y 11 años lo hacen.

En agosto de 2017, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) expidió el Decreto 1421, el cual reglamenta la educación inclusiva en el país, que garantiza la calidad educativa que reciben los estudiantes con alguna condición de discapacidad.

Marisol Moreno Angarita, docente de la Facultad de Medicina y directora del Grupo de Investigación Discapacidad, Políticas y Justicia Social de la U.N., explica que de manera conjunta con la Secretaría de Educación de Bogotá –División de Integración a Poblaciones– se trabajó en la formación de maestros de aula y de apoyo a colegios públicos, dándoles a conocer las directrices de la normatividad y la manera de aplicarlas en su institución.

El apoyo pedagógico se evidencian actividades como el curso de actualización “Todos podemos aprender juntos”, el cual fortaleció la atención inclusiva que lideran los colegios públicos en la ciudad.

La docente explica que este decreto es importante porque la directriz obliga a que a cada alumno con algún tipo de discapacidad se le genere el Plan Individualizado de Ajustes Razonables (Piar), que se ajuste a la normatividad del país y que las Naciones Unidas han determinado para que la educación sea accesible para todos (leyes 1346 de 2009 y 1618 de 2013).

“Nosotros acompañamos a los docentes para que profundicen y mejoren la manera de hacer estos procesos que involucran la valoración pedagógica, y que debe ser realizada por profesionales que conocen las dinámicas del sistema educativo, que valoran las fortalezas, capacidades y potencialidades de los niños y les ayudan a navegar por el currículo de la mejor manera posible”, explica la investigadora.

Agrega que el grupo, con 16 años de trabajo, también ha colaborado con investigaciones que implementan la inclusión en la primera infancia, en la educación básica y media. De igual manera impulsan los procesos de los estudiantes cuando ingresan a las universidades, haciendo énfasis en cómo es su permanencia, cuáles son las barreras que experimentan y cuáles facilitadores pueden apoyarlos.

El Piar también tiene en cuenta el diagnóstico del niño, la valoración pedagógica, además de incluir todos los apoyos físicos, tecnológicos, e incluso arquitectónicos que deben brindar las instituciones educativas para su aprendizaje.

Todas las necesidades que surjan en ese Piar deben ser consideradas en el plan de mejoramiento institucional de cada colegio y las Secretarías de Educación deberán facilitar el cumplimiento de tales compromisos.

La docente señala que otro aspecto importante del Decreto 1421 es que el MEN promoverá que las Secretarías de Educación planeen la contratación de profesionales de apoyo para respaldar estas adecuaciones, para garantizar que los estudiantes se mantengan y no haya deserción escolar.

Es de anotar que según el RLCPCD, solo el 5,4 % de las personas con discapacidad alcanza el nivel de educación superior; el 27 % no estudia por causa de su discapacidad y el 34 % no saben leer.

La docente señala que en la reciente investigación –realizada con la investigadora Diana Carolina Piñeros, de la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social– se hace un contraste de los desarrollos normativos de las últimas décadas para la inclusión, que se han expedido en el país y lo que sucede en la cotidianidad de esta población.

“Nos dimos cuenta de que no se está cumpliendo la ley, que no les están garantizando el derecho a la educación, salud, rehabilitación, el acceso a la justicia, las tecnologías y todos los apoyos que debe tener una persona con discapacidad para gozar de una vida digna, como cualquier ciudadano colombiano”, afirma la docente.

Para que no se sigan pasando por alto sus derechos, se deben divulgar estas normatividades, porque a veces las comunidades, familias y funcionarios que deben garantizar estos derechos las ignoran, concluye.

(Por: fin/DGH/MLA/LOF
)
N.° 195

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