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La U.N. aportó a enfoque de género en acuerdo de paz

El reconocimiento de las diferencias y la pluralidad de las mujeres en una redistribución paritaria del poder en todos los ámbitos fueron las bases del enfoque de género introducido en varios puntos de los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las FARC.

Bogotá D. C., 29 de julio de 2016Agencia de Noticias UN-

La Corte Constitucional ha identificado 10 riesgos de género a los que han estado expuestas las mujeres en desarrollo del conflicto.

Entre los riesgos están esclavización, reclutamiento de sus hijos, homicidio o asesinato de su proveedor económico, entre otros.

La violencia sexual es el riesgo más común que afecta a la mujer.

En materia de tierras, ellas han sido despojadas de sus derechos, porque los bienes figuran a nombre de sus compañeros que fueron asesinados.

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el 49,5 % (3.481.244) son mujeres.

Tras este logro, en el que participaron diferentes organizaciones de mujeres del país, estuvo un grupo de estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), que, en una tarea colaborativa de dos años con la Casa de la Mujer, analizaron en detalle el impacto del conflicto armado hacia las mujeres del país, con miras a plantear aspectos que deben articularse con lo acordado. 

La Casa de la Mujer ha estado presente y activa desde la instalación de la mesa. Gracias a este trabajo, dentro de los logros alcanzados, “destacamos el nombramiento de mujeres negociadoras y plenipotenciarias, la creación de la Subcomisión de Género y el que hoy tengamos un enfoque de mujeres en los acuerdos”, destacó Eucaris Olaya, coordinadora curricular de posgrados de Trabajo Social de la Universidad Nacional. 

El trabajo de la U.N. con la Casa de la Mujer les permitió lograr un enfoque de mujeres en temas como acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones, garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de ellas y personas con identidad sexual diversa del sector rural. 

De igual manera, se incluyó la promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos, medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres, acceso a la verdad, justicia y a las garantías de no repetición, reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetas políticas. Adicionalmente, en los acuerdos se contempla la gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y movimientos LGTBI para su participación política y social. 

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el 49,5 % (3.481.244) son mujeres. A ello se suma que pueden estar en el cuarto nivel de afectación por los impactos negativos del conflicto armado colombiano. 

En efecto, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría a finales de 2015 arrojó que el 77 % de los 1.008 entrevistados considera que en tal contexto aumenta la violencia contra la mujer, después del aumento de la delincuencia (91 %), una mayor violencia general (89 %) y más narcotráfico (83 %). 

Por ejemplo, en las zonas rurales -afirma la docente- “son innumerables los obstáculos para el acceso y tenencia a la tierra por parte de las mujeres y hasta la falta de información desagregada por sexo en los diagnósticos que sustentan los planes de desarrollo municipales y departamentales”. 

Según la profesora Olaya, quien dirigió a las estudiantes, el objetivo a largo plazo es una desestructuración del patriarcado en Colombia como condición esencial para una verdadera paz con estabilidad. 

Para la docente, esa desestructuración patriarcal no solo servirá para reparar a las mujeres víctimas del conflicto, también para hacerlo con quienes han sido víctimas del sexismo, y poner fin a prácticas como explotación, marginación, carencia de poder y “universalización de lo masculino que se cierne sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres”. 

Aunque no se han adelantado investigaciones con guerrilleras, “es posible afirmar que estas situaciones al interior de los grupos armados, ya sean estos legales o ilegales, ponen de presente que la explotación y violencias contra las mujeres están en todos los campos de la vida sociopolítica del país”. 

“Esta incorporación nos da la esperanza de que es posible construir una sociedad democrática, justa y libre de cualquier tipo de violencias y discriminación contra las mujeres”, concluye la profesora Olaya.

(Por: fin/HEVC/MLA/APBL
)
N.° 195

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