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Política & Sociedad

La justicia vuelve y peca

Una serie de prácticas malignas que han conspirado en detrimento de la Corte Constitucional y que han “florecido” por la falta de pudor de los magistrados en su paso por la jurisdicción, deben ser extirpadas. ¿No será necesario contar con un mecanismo de suspensión del cargo que evite arrastrar a la infamia a toda una corporación?

, 12 de abril de 2015 profesora asociada, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia

En forma lacónica pero decidida, Claudia González afirmó: “la justicia no existe”. Que cualquier colombiano del común diga esto no sorprende, pero que quien lo asegure sea alguien que lleva años de su vida ejerciendo funciones judiciales, nos derrumbó.

La acusación de un magistrado de la Corte Constitucional sobre otro, de intentar sobornar a una de las partes dentro de un proceso de tutela, para favorecerla con su decisión, ha hecho temblar a los colombianos y a la desgastada credibilidad de una rama judicial golpeada por frecuentes escándalos.

Una reflexión sobre las causas de la degradación nos exige abordar tres preguntas centrales: ¿es adecuado el actual diseño institucional de integración de la Corte?, ¿cómo se ha visto afectado por la cultura político-judicial? y ¿cómo elevar el comportamiento ético de los magistrados?

Sobre el primer aspecto, la Constitución estableció que la Corte podrá integrarse por abogados de distintas especialidades, con perfiles y experiencias profesionales también disímiles, para garantizar el pluralismo, lo que en teoría es positivo.

De igual modo, para mitigar la falta de legitimidad de origen, se separó el proceso de nominación de la elección, lo que resultó razonable. Así, en la primera parte se le otorgó un especial protagonismo a la rama y una modesta participación al presidente (ahora alterada por la reelección), para que luego su elección recayera en el Senado.

Tal diseño institucional se considera equilibrado en procura de insuflar de cierto carácter democrático, en forma indirecta, al órgano encargado del control constitucional. Si bien, teóricamente esto funcionó, pues mostró sus mayores virtudes con la primera cohorte de la conocida “Corte de Oro”, algo emergió en la cultura político-judicial que ha torpedeado dicho diseño.

Una serie de prácticas malignas que han conspirado en detrimento de la Corte Constitucional deben ser extirpadas. En primer lugar está el interés de algunos magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia que pretende, lejos de reforzarla, debilitarla. No es un misterio que la procedibilidad de las tutelas contra sentencias ha sido el principal dolor de cabeza y el único control actual a las arbitrariedades de las jurisdicciones ordinaria y contenciosa-administrativa.

De hecho, la postulación de excolegas o la conocida puerta giratoria ha sido una herramienta para mermar el poder de la Corte, poniendo al enemigo dentro. Por ello, dicha postulación suele albergar la ilusión de que el elegido sabotee dicha herramienta de control. 

Magistrados de bajo perfil 

En segundo lugar está el bajo perfil de los magistrados que integran las altas cortes: la mayoría de los ahora nominadores, salvo importantes excepciones, ni siquiera cuentan con títulos de posgrado, que le son exigibles a cargos modestos de la rama judicial. Dicha falta de formación, con un ego catapultado por la “dignidad y honorabilidad” del cargo y la también pésima práctica de universidades y demás instituciones de convertirlos, de la noche a la mañana, en protagonistas de foros, congresos y seminarios, conspira en volverlos unos ególatras empedernidos sin sustento formativo. Ellos, buscando aprovechar al máximo su recién adquirido protagonismo, descuidan sus labores judiciales para explayarse en el intrusismo académico y político, muchas veces delegado a sus mismos funcionarios, quienes, además de ocuparse de sus tareas ordinarias, deben elaborar discursos, artículos y hasta trabajos académicos de sus jefes.

Los actuales magistrados delegan casi todas sus funciones judiciales para dedicarse de lleno al poder, para concentrarse en el inadecuado privilegio de nominación de otros altos funcionarios del Estado.

Como tercer punto figura la insostenible impunidad de los magistrados que reclaman la existencia de un tribunal que con diligencia e independencia los investigue y sancione. En cuarto lugar se encuentra la inconmensurable discrecionalidad de la Corte para seleccionar las tutelas, facultad propia entregada a los tribunales de cierre para escoger aquellos casos que le resulten pertinentes para profundizar, reforzar o abrir una línea jurisprudencial, pero que escapa a cualquier forma de control y supervisión externa. 

Malas prácticas 

Las medidas divulgadas por la Corte en el sentido de reformar su reglamento e invitar al defensor delegado para asuntos constitucionales a que integre las salas de selección de tutelas resultan interesantes y deben ser profundizadas.

Pero quizás el asunto de fondo es que si bien el diseño institucional resulta adecuado, las malas prácticas han podido florecer especialmente por la falta de pudor de los magistrados en su paso por la jurisdicción.

En efecto, el principal problema de las altas cortes es que sus integrantes, independientemente de la edad a la que lleguen, ven al tribunal como un lugar de posicionamiento académico-profesional y no como correspondería: el lugar de cierre de la vida laboral.

Esa particularidad colombiana, inimaginable en el contexto estadounidense por el carácter vitalicio de sus cargos, o en el europeo por la edad a la que suelen llegar a tales dignidades, desata toda una suerte de desafíos en la elaboración de un código ético.

El hecho de que, sin ningún rubor, un magistrado referencie a sus colegas o autocite sus obras en sus providencias, convirtiéndolas por arte y magia de la jurisprudencia en doctrina oficial para los operadores, es una maña que debe ser suprimida.

Preguntas como ¿qué le impide a un exmagistrado litigar con sus excolegas? y ¿por qué debemos esperar a que tras una acusación por la presunta comisión de un delito, el magistrado decida voluntariamente renunciar? deben ser remplazadas por: ¿no deberíamos contar con un mecanismo de suspensión del cargo que evite arrastrar a la infamia a toda una corporación?

Si la elección del presidente o vicepresidente de la corporación genera tantas rencillas internas y, en especial, la pérdida de un valioso tiempo, ¿no deberían rotarse por secciones o, en últimas, sortearse?

La principal paradoja de la rama judicial es que mientras algunos magistrados titulares despilfarran su tiempo en ganar más poder, las bases son sometidas a una lógica mercantil dañina y degradante.

Desde que el Consejo Superior de la Judicatura decidió aplicar políticas neoliberales en la justicia, los jueces pasaron de ser personas a convertirse en meros operarios sometidos a una mercantilización regida por la sobreexplotación laboral, con cuotas dizque mínimas de producción, pero inalcanzables. A esto se suma un escalofriante régimen de terror basado en constantes métodos de supresión y en la posterior creación del mismo cargo en descongestión, generando una mayor precarización del trabajo y, de paso, reforzando la arbitrariedad y el poderío de los titulares, quienes cuentan con una nómina abierta al menos tres veces al año.

Tal inseguridad laboral aumenta los ya altísimos niveles de estrés que manejan los funcionarios y, proporcionalmente, el margen de error en las decisiones. Pero además, el producto obtenido, para continuar con la lógica de la fábrica, resulta mediocre, impersonal, el súmmum del copiar y pegar, que beneficia el caso estándar y deniega justicia al caso difícil, simplemente porque no es funcional al proceso de producción en masa.

Esperemos que las palabras pesimistas de Claudia González Gutiérrez (1976-2015), amiga que falleció en la incertidumbre sobre su continuidad en el cargo, nos inspiren para que la justicia que no vio, llegue.

(Por: María Luisa Rodríguez Peñaranda,
)
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