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Justicia transicional no rendirá culto a la impunidad

En el capítulo de Colombia para alcanzar la reconciliación, la amnistía -uno de los componentes de mayor aparición dentro de los procesos de paz en el mundo- no será una condición que permita que quienes participaron de manera determinante y habitual en el conflicto puedan “pasar de agache ante la justicia”.

Bogotá D. C., 05 de septiembre de 2016Agencia de Noticias UN-

¿Cuál justicia transicional para la paz?, fue la pregunta formulada en este primer panel de análisis de cara al plebiscito el próximo 2 de octubre.

La senadora del Partido Verde, Claudia López.

Desarrollo rural integral, uno de los puntos de la Agenda de la Habana y tema del panel de la próxima semana.

Entre los panelistas estuvieron también el profesor del Externado Francisco Barbosa y la directora de Justicia Transicional, Catalina Díaz.

El modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz investigará, juzgará y sancionará hechos del conflicto armado colombiano.

En otras palabras, los temores por posibles amnistías que supongan hechos graves como las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual, entre otros crímenes, aún cometidos por los protagonistas del conflicto armado, no se darán y no habrá impunidad.

Así se concluye tras la realización de un panel organizado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), sobre la operatividad de la Justicia Transicional propuesta para evaluar y realizar algunas consideraciones al respecto, basado en la información de los acuerdos que serán firmados en Cartagena. El ejercicio también se hace de cara al plebiscito, en el que la ciudadanía le podría dar pleno respaldo a lo que sería un nuevo modelo de país.

La forma de composición, así como las dinámicas de sus funciones hacen del Tribunal Especial para la Paz una manera genuina para investigar, juzgar y sancionar los delitos de más de 50 años de guerra, no asociados a los hechos que enmarcaron la rebelión de las FARC contra el Estado colombiano.

El tribunal de Paz estará conformado por magistrados extranjeros (cuatro) y a su vez los magistrados colombianos (20) serán seleccionados por un comité de miembros de Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales, lo cual le quita piso a las reservas que tienen los críticos sobre los acuerdos en relación con una no imparcialidad de este Tribunal; además, que no vayan a ser juzgados los grandes crímenes señalados en los estatutos de la Corte Penal Internacional. “Es un gran mito decirle a la gente que esos delitos graves serán amnistiados, cuando en el numeral 40, de la página 136 de los acuerdos se plantea su realidad y la claridad de que serán juzgados y sancionados por dicho Tribunal”, ilustró el jurista y docente de la Universidad Externado, Francisco Barbosa.

Mientras que en Justicia y Paz se contemplaron las versiones libres para los paramilitares desmovilizados, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), derivada de los acuerdos, “puede llamar a alguien que no quiera ir o ‘pasar de agache’ que haya podido tener un rol determinante en crímenes graves”, señaló Catalina Díaz González, directora de Justicia Transicional.

Además, quienes financiaron o colaboraron con la guerrilla o con los grupos paramilitares podrán acogerse a la JEP. Aquí se excluyen aquellos que en algún momento fueron víctimas de extorsión y coaccionadas, condiciones en las cuales pudieron haber entregado dinero con el cual fue financiado el conflicto.

Las personas que tuvieron un rol determinante en la comisión de crímenes a través de la financiación voluntaria a la guerrilla o a grupos paramilitares, sin que mediara coacción, podrán ser llamados a declarar.

Para la directora de Justicia Transicional, esta jurisdicción –sin embargo- se constituye además en un foro de rendición de cuentas para esclarecer qué otros actores –como servidores públicos- favorecieron a una u otra parte en el conflicto, a través de diversas situaciones como celebración indebida de contratos, uso del presupuesto, entre otros hechos. “Estas personas también podrán asumir la responsabilidad, contar la verdad y recibir los beneficios en el marco de esta justicia en una transición para la paz”, explicó Catalina Díaz.

El mismo rasero para todos

Según la senadora Claudia López, la selección de jueces imparciales, los límites que traza el hecho de que el acuerdo gire en torno a las víctimas -por lo que no todo ni todos se podrán colar en nombre del conflicto armado- y el cumplimiento de sanciones reales y efectivas son los tres componentes clave para hacer genuina la implementación.

Asimismo, lo más positivo de este esquema es que el país no volverá a pasar por la experiencia de medir con diferentes raseros a los mismos protagonistas del conflicto, situación que ha hecho imposible la reconciliación, como el indulto a guerrilleros y grandes condenas para los agentes del Estado que los combatieron en otras épocas.

El esquema planteado en La Habana “garantiza que todos los actores, guerrilleros, paramilitares, agentes del Estado, incluso civiles, que financiaron y promovieron este conflicto, podrán someterse a unas mismas reglas de juego, a unos mismos estándares de justicia y cerrar su situación jurídica”.

Según la anterior premisa, el gran malestar de quienes saben que colaboraron en uno u otro sentido es, en esencia, decir la verdad.

El evento de Justicia Transicional es el primero de una serie de paneles organizados por la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N., a través del Departamento de Trabajo Social para brindar la información suficiente y, así, la comunidad académica y los colombianos en general tengan argumentos para decidir el rumbo del país en el plebiscito el próximo 2 de octubre.

(Por: fin/HEVC/MLA/APBL
)
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