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Insistir en la pena de muerte: ¿una obstinación bélica?

En Colombia, la propuesta de reimplantar la pena de muerte es una medida que ha desatado debates periódicos, mientras que en otras sociedades rara vez se plantea que esta pueda ser un instrumento útil en la lucha contra el crimen.

Bogotá D. C., 19 de mayo de 2017Agencia de Noticias UN-

La cámara de ejecución de la Prisión Estatal de San Quintín (San Francisco, Estados Unidos) se construyó en 2010. (Foto: archivo particular)

Entre 2008 y 2016 han existido tres propuestas en medio de la reacción por la conmoción desatada por delitos ejecutados contra menores indefensos.

Entre 1965 y 2002 se registraron siete propuestas dirigidas a reprimir el delito del secuestro mediante la pena de muerte.

Durante la violencia liberal-conservadora, la pena de muerte se propuso en cuatro ocasiones para reprimir los delitos atroces.

No se ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasivo frente al delincuente.

Según el profesor Mario Aguilera, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), las propuestas de legalización de la pena de muerte y la irrupción de ciertas expresiones sociales favorables a su uso por fuera de la institucionalidad “reflejan la posición de quienes encuentran que en diversos momentos de nuestra historia reciente la justicia ha sido desbordada tanto por diversas formas de delincuencia como por la presencia de un largo conflicto armado”.

En un artículo de análisis publicado en la edición 208 de UN Periódico, el docente menciona que, frente a esa situación, muchos han considerado que no quedaría otro recurso que apelar a la máxima sanción penal; incluso han admitido –sin expresarlo abiertamente– que las ejecuciones sin proceso judicial son un mal necesario para controlar la criminalidad.

Al respecto, el profesor destaca que “los partidarios de la pena de muerte se apoyan principalmente en dos tipos de argumentos: los que consideran que es una medida judicial justa frente al daño ocasionado por el delincuente, lo cual reedita la llamada ‘ley del talión’”.

En su opinión, si se admitiera ese argumento, la justicia penal pasaría a convertirse en la herramienta del sentimiento primario de la venganza, y la sociedad estaría mostrando que solo puede controlar el delito matando, es decir que estaría acogiendo los mismos valores del homicida.

El otro argumento destacado es que la pena de muerte puede tener un efecto disuasivo frente al delincuente. Sin embargo, para el profesor Aguilera, no se ha demostrado que su aplicación tenga un efecto intimidatorio, o incluso que exista una relación entre la pena capital y el comportamiento de la criminalidad.

En el artículo, el profesor muestra que un estudio realizado en Estados Unidos en 2014 indica que la mayor tasa de homicidios en ese país procede del sur –donde tenía lugar el 80 % de las ejecuciones–, mientras que en el noreste –de donde provenía menos del 1 % de las ejecuciones– se presentaba una tasa de homicidios más baja. 

Iniciativas de restablecimiento 

Para el investigador Aguilera, un examen de las grandes iniciativas para la reimplantación de la pena capital en Colombia da cuenta de que estas estuvieron dirigidas a controlar los delitos originados por el conflicto interno, y minoritariamente por otro tipo de conductas delictivas.

“Las principales propuestas que tuvieron eco en la opinión pública provinieron de congresistas, miembros de los gremios, funcionarios del Gobierno, integrantes de la fuerza pública o líderes sociales y religiosos”.

Así, señala, se tiene que durante la violencia liberal-conservadora (1946-1965), la pena de muerte se propuso en cuatro ocasiones para reprimir los delitos atroces cometidos por las bandas partidistas en las zonas rurales, es decir, masacres combinadas con incendios, violencia sexual y cortes y amputaciones en las víctimas.

El profesor Aguilera arguye que, durante el actual conflicto interno, se presentaron ocho propuestas dirigidas a controlar conductas relacionadas con este conflicto. “Entre 1965 y 2002 se registraron siete propuestas dirigidas a reprimir el delito del secuestro. De ellas, en tres peticiones también se pidió que cobijara a los actos terroristas; en otras tres, que abarcara diversas modalidades de homicidio y en una, que también comprendiera las masacres. Otra propuesta más se dirigía a reprimir los delitos atroces y los crímenes de lesa humanidad”.

Según el experto, a medida que ha declinado el conflicto armado, el foco de las propuestas se relaciona con actos criminales cometidos contra menores de edad. Entre 2008 y 2016 han existido tres propuestas en medio de la reacción debido a la conmoción desatada por delitos ejecutados contra menores indefensos. 

Prevenir el delito 

Para el profesor Aguilera, la crisis política y social que ha vivido Colombia abrió las puertas a diversas iniciativas de reimplantación de la pena capital, a la aplicación sistemática de ejecuciones extrajudiciales a múltiples delitos y a un sinnúmero de conductas impensables de ser acreedoras a la pena de muerte en cualquier país que se precie de contar con un orden democrático liberal. 

Desde su perspectiva, el proceso de construcción de paz que se ha iniciado se constituye en una oportunidad para conocer la verdad y establecer responsabilidades, pero también para reflexionar sobre los usos de la fuerza y la reproducción de los ciclos de violencia en nuestros tejidos sociales.

Así mismo, “es la mejor coyuntura para reflexionar y revisar nuestras políticas de seguridad y convivencia, que no pueden circunscribirse a la ampliación del número de policías y cámaras de vigilancia”.

Según el docente, es muy probable que, “si no corregimos los profundos desniveles económicos y sociales, en poco tiempo el país esté contemplando la irrupción de un nuevo ciclo de violencia, tal como ocurrió en otros estados que no profundizaron sus reformas después de acuerdos de paz con las insurgencias”.

Lea el artículo completo en UN Periódico

(Por: fin/UNP-MA/dmh/MAFB
)
N.° 785

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