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Política & Sociedad

Incluso el 1% del PIB en Ciencia y Tecnología sería poco

Es tal el atraso del país en Ciencia, Tecnología e Innovación, que incluso invertir el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) sería poco para llegar a un desarrollo cercano al de países como Brasil.

Bogotá D. C., 24 de junio de 2010Agencia de Noticias UN–

En una de las rendiciones de cuentas de Colciencias se aseguró que el presupuesto para CT+I se duplicó en los últimos años. En el año 2002 era de 103 mil millones de pesos y para el año 2009 se llegó a 204 mil millones de pesos.

Más que criticar el papel de Colciencias, los académicos quieren poner sobre el tapete temas que son fundamentales para el desarrollo de la CT+I en Colombia.

Hoy la Universidad Nacional de Colombia cuenta con un modelo de medición de las capacidades de investigación que está disponible para otras instituciones del país. / Unimedios

Así lo manifiesta Rafael Molina, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, quien asegura que en el sector académico del país hay la sensación de que la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e innovación (CT+I), a un año de ser aprobada, todavía no actúa como debería.

Hace nueve años Brasil se impuso el reto de que la ciencia, la tecnología y la innovación fueran prioridad para el desarrollo del país. Según el científico Charbel Niño El–Hani, de la Universidad de Bahía, en la última década hubo, en efecto, un crecimiento nunca visto en todo el siglo pasado.

En Colombia, con la Ley de CT+I la sociedad espera dar un salto igual de vertiginoso. El caso de Brasil es ejemplar; las metas propuestas hacia el 2000 son hoy hechos concretos. Este país de América Latina es el que invierte el porcentaje más alto de su PIB para el avance de la CT+I, al punto que solo entre el 2007 y el 2010 destinó 22.700 millones de dólares, llegando casi al 1,5% del PIB.

El–Hani explica que la situación para los científicos mejoró muchísimo: hay más investigación, se expandieron las universidades públicas –que ahora pueden patrocinar más estudiantes– y se aumentó el número de científicos de dedicación exclusiva, así como de profesores.

En el 2009, el Gobierno colombiano aseguró que para este año la inversión en CT+I llegaría al 1% del PIB. El Vicerrector de Investigación de la UN asegura que la meta no se ha cumplido y ni siquiera se ha superado el 0,4% tradicional.

“Cuando se estructuró la ley, el sistema nacional de CT+I trajo cerca de 30 representantes internacionales para que mostraran las experiencias sobre cómo en sus países le apostaron al desarrollo científico–tecnológico. El punto común fue el interés del Estado, con una mirada a corto, mediano y largo plazo, y con una apuesta política seria de invertir el 1%, el 2% y hasta el 3% del PIB. Aquí no veo que haya una apuesta”, dice Molina.

Gabriel Cadena, rector de la Universidad Autónoma de Manizales y miembro del Comité Asesor de Colciencias, dice que, aunque falta mucho por llegar al 1%, lo importante es que la nueva ley trazó la ruta.

“La Ley 1286 de 2009 es un hito que está ayudando a cambiar el sistema de CT+I en Colombia. Hay apuestas reales como el Fondo Francisco José de Caldas, con un presupuesto de 100 mil millones de pesos para respaldar a los grupos científicos. Además, el programa de Generación del Bicentenario ofrece más oportunidades a los recién egresados de las universidades para que hagan investigación”, detalla Cadena.

Molina asegura que, incluso, invertir el 1% del PIB sería poco para Colombia dadas las condiciones de atraso del país. Pero, ¿de dónde sacar los recursos? Para algunos sectores, una de las soluciones podría ser que el Estado sustentara la nueva ley a partir de rentas fijas, por ejemplo, invertir parte de las ganancias del petróleo o la minería.

Francisco Miranda, director del Departamento Administrativo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), opina que el problema del financiamiento no tiene que ver con destinar rentas fijas del Estado, sino con la apuesta política. “Existe la discusión de si los presupuestos públicos deben hacerse con rentas fijas, lo cual equivale a parcelar los ingresos del Estado, o si deben estar en manos del Gobierno para asignarlos de acuerdo con las prioridades políticas. Opino que debe darse lo segundo”.

El vicerrector Molina asegura que es ahí donde está la dificultad. “No existe voluntad política. Cuando se presentó el proyecto de ley no hubo ni un solo congresista que se opusiera; es lógico, nadie puede resistirse al desarrollo porque sí, pero después de todo el proceso de debates se evidenció que no había un verdadero interés de que fuera una apuesta de Estado. Nuestros políticos todavía no dimensionan la importancia de la CT+I para el desarrollo del país”.

Lo que pide la academia colombiana es que Colciencias tenga más en cuenta la voz de las universidades en los procesos de reglamentación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, dice Rafael Molina. “Por falta de canales de comunicación claros y explícitos con Colciencias, nos hemos visto relegados frente a opinar o hacer aportes”, concluye.

Francisco Miranda afirma que Colciencias está abierta a recibir todos los aportes que provengan de la sociedad, con el fin de generar nuevos decretos que permitan refinar la Ley de CT+I.

(Por: Fin/capg/csm/vbr
)
N.° 831

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