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Las comunidades de la localidad de Fontibón han generado una defensa a sus necesidades y también propuestas de acción. Fotos: archivo Unimedios.

En el estudio de caso se investigaron los 14 barrios con mayor afectación en la zona de intervención prioritaria circundante al El Dorado.

El estudio evidencia incumplimiento en los compromisos y falta de efectividad en las acciones de control de las entidades del Gobierno.

Las problemáticas socioambientales han deteriorado la calidad de vida de los habitantes de barrios en la localidad de Fontibón.

Mayra Libia González Rodríguez, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales (Idea) de la UNAL.

Las afectaciones se deben especialmente a la exposición al ruido –superior a 65 decibeles–; la contaminación atmosférica generada por los residuos de despegue y aterrizaje de aeronaves; el incremento de tráfico de carga y vehicular; el establecimiento de las industrias en áreas residenciales, y los accidentes aéreos, entre otras problemáticas socioambientales que han deteriorado la calidad de vida de los residentes en barrios de esta localidad.

Así lo detalla la investigación de Mayra Libia González Rodríguez, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales (Idea) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en la cual se realiza una reconstrucción histórica de las dinámicas y lógicas de apropiación de la naturaleza entre 1948 y 1995, en la construcción y localización del Aeropuerto y en las necesidades habitacionales que dan origen a los barrios con mayor afectación por la operación aérea.

En la investigación se hizo una documentación histórica sobre la construcción de los barrios y una recopilación de prensa y archivos locales de la población, entrevistas a propietarios y residentes de la zona, revisión de la expedición de la licencia ambiental y de la normatividad asociada con el impacto ambiental del Aeropuerto.

“El interés surge como una forma de narrar ese proceso que conocí de manera directa, ya que debido a esa situación la propiedad de mi familia también tiene un problema de devaluación del predio y de incertidumbre de no saber qué sucederá más adelante y cuáles son las garantías para los propietarios”, afirma la investigadora.

Omisión gubernamental

En el plano histórico, la investigación revela que el Gobierno nacional ni el distrital realizaron un control en la zona circunvecina a la segunda pista del Aeropuerto, la cual tenía planeada su construcción desde la década de los 70 hasta la de los 90, cuando se activó. Sin embargo, en la zona ya había una reglamentación que permitía la construcción y uso residencial, evidenciando la permisividad y falta de control frente al proceso urbano que se desarrolló.

La comunidad y los propietarios de los predios, quienes llegaron a urbanizar desde la década del 70, aseguran que desconocían que se iba a construir una segunda pista en los terrenos adyacentes, por lo que no tuvieron forma de decidir si iban o no a asumir esa afectación ambiental, sino que después les fue impuesta.

Ante esto, la comunidad instauró demandas por justicia ambiental por medio de las Juntas de Acción Comunal (JAC) –voceras frente a las entidades– y de otras organizaciones que surgieron en condición de veedores, como el Comité de Defensa de Comunidades, que buscó que se establecieran garantías para la población en términos de mitigación del ruido y que no se construyera la segunda pista.

Parte de esas demandas quedaron incluidas en la Resolución 1330 de 1995, la cual establece el funcionamiento y la licencia ambiental para la pista, el control en los tiempos para la provisión de las aeronaves y la insonorización de las viviendas, algo que, según la investigación, no se cumplió a cabalidad ni dentro de los tiempos establecidos.