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Política & Sociedad

Gobierno Santos. Ajuste al sistema judicial no despega

Las consideraciones formuladas sobre la “judicialización de la política" presagian un intenso y álgido debate entre el poder político y las altas Cortes.

Bogotá D. C., 19 de noviembre de 2010Agencia de Noticias UN -

De los 2,9 millones de procesos jurídicos radicados en los diferentes despachos, 1.379.450 no se encuentran en curso. - Andrés Felipe Castaño/Unimedios

El éxito de las iniciativas para descongestionar el sistema judicial y mejorar su eficiencia depende en gran medida de la agilidad con que se tomen decisiones al respecto.

La Constitución de 1991 adoptó el marco jurídico del Estado social y democrático de derecho, pero el modelo económico, social y político actual está aún distante de corresponder al de un Estado moderno. Quizá en esto radiquen parcialmente los desajustes del sistema judicial, al que periódicamente hay que introducirle reformas para adecuarlo a las continuas y aceleradas transformaciones de la sociedad en todos sus campos.

La Carta consagró un amplio catálogo de derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos; creó nuevas instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, para solo mencionar las relacionadas con la justicia, y además les atribuyó nuevas funciones y competencias, lo que pone de presente la creciente expansión del poder judicial, que en el caso colombiano no hace más que corroborar la moderna tendencia en los regímenes democráticos de transferir a las instituciones de garantía, como la magistratura, la decisión de temas que antes correspondían a otras esferas del poder público.

Si examinamos las profundas modificaciones introducidas por la Constitución del 91 en materia de derechos, constatamos que los ciudadanos, ante la imposibilidad de encontrar respuesta en los otros poderes, acuden cada vez con mayor frecuencia a los tribunales para obtener solución a sus demandas, a fin de que los protejan de los abusos de los poderes públicos y de la acción de los violentos de todos los matices.

Ello sin dejar de advertir la crisis de legitimidad y consenso de la clase política –que entre congresistas y dirigentes de los partidos suma más de cien condenados o en procesos ante los jueces–, con lo cual el radio de acción y competencia del aparato judicial se extiende cada vez más a nuevos campos en lo que algunos pensadores han denominado “judicialización de la política”.

La reforma propuesta

En este escenario, el presidente Santos ha propuesto una reforma a la justicia para resolver temas como la congestión judicial, ya que de los 2,9 millones de procesos jurídicos radicados en los diferentes despachos, 1.379.450 no se encuentran en curso, según reveló el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en carta dirigida al actual ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.

También propuso la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, sustituyéndolo por un órgano integrado por los presidentes de las altas Cortes; un Código Único de Procedimiento (penal, administrativo y civil); otorgar facultades especiales a notarios para asumir competencias jurídicas; jurisdicción especial para la extinción de dominio; adoptar los precedentes judiciales emitidos por las altas Cortes como fuente obligatoria de derecho; control previo de constitucionalidad para los proyectos de ley de naturaleza penal, tributaria y económica; reglamentación de la tutela contra sentencias y otras iniciativas.

Estos temas y otros más de la reforma judicial fueron discutidos por el Gobierno con las Cortes, sin que se lograra un consenso alrededor de ellas, por lo cual fue aplazada su presentación para las sesiones del Congreso en marzo del 2011.

Siendo esto así, surgen algunos interrogantes: ¿Los lineamientos presentados por el Gobierno para reformar la justicia y los sugeridos por las altas Cortes y algunos sectores del mundo del derecho corresponden realmente a las transformaciones que necesita el país para resolver la inocultable crisis de este sistema y para que les cumpla a los ciudadanos?

¿Amerita el “sistema acusatorio” vigente una reforma sustancial que modifique la mixtura que es hoy y lo convierta en uno verdadero? En consecuencia, ¿dónde debe estar ubicada la Fiscalía? Y la pregunta obvia: ¿Después de 15 meses sin Fiscal en propiedad –en el evento en que fuese nombrado solo ejercerá el cargo por dos años y unos meses–, no es inaplazable modificar este sistema de nombramiento en un país con una poderosa criminalidad organizada y una deficiente justicia penal?

Hay que tener en cuenta que, según un estudio de la ONG estadounidense World Justice Project sobre aciertos y deficiencias de la justicia en 35 países del mundo, Colombia ocupó el puesto 31.

Y el último interrogante: ¿Qué papel van a jugar en esta reforma las fuerzas políticas representadas en el Congreso, la magistratura en general, el Procurador General de la Nación –cuyas atribuciones constitucionales en estas materias, aunadas al ejercicio que viene haciendo del poder disciplinario de que está investido, sin duda lo convierten en un actor fundamental en el escenario judicial–, el mundo del derecho y los ciudadanos que son los destinatarios finales de estos procesos?

Un debate abierto

Las respuestas a estas inquietudes esperamos surjan del debate que se plantea en este análisis sobre los primeros cien días del presidente Santos, quien ha presentado un catálogo de reformas que van desde la Ley de Tierras, de Víctimas, racionalización de las regalías, creación de nuevos ministerios, sostenibilidad fiscal, sistema general de salud, educación, estatuto anticorrupción, estatutos de seguridad, defensa, orden público y otros temas fundamentales de la vida nacional, que traen a la memoria las grandes reformas de la “Revolución en Marcha” del presidente López Pumarejo.

En la perspectiva de contribuir al debate, anticipamos algunas líneas, así:

Las consideraciones formuladas sobre la “judicialización de la política” o la tendencia del poder judicial a expandir su radio de acción en los regímenes democráticos presagian un intenso y –por qué no– álgido debate entre el poder político y la cúpula judicial. La propuesta de suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y los pronunciamientos que contra esta idea han expresado integrantes de las altas Cortes constituyen un “abrebocas” de lo que se avecina.

En este escenario, uno esperaría ver la contribución de la academia, los abogados, los ciudadanos y particularmente de las facultades de Derecho, especialmente de aquellas que tienen una larga trayectoria en la formación de la élite judicial.

Vea el artículo completo y el ‘Especial cien días de gobierno’ en꞉ www.unperiodico.unal.edu.co

(Por: fin/Humberto Vergara Portela, profesor Facultad de Derecho UN/feb/vbr
)
N.° 319

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