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Explotación minera acaba los recursos del páramo

En los últimos años se han encendido las alarmas por la minería tecnificada que interviene algunas zonas del páramo colombiano, específicamente el sector de Santurbán y la Colosa en Cajamarca.

Bogotá D. C., 09 de diciembre de 2010Agencia de Noticias UN -

Jesús Orlando Rangel, biólogo, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia.

Julio Fierro, geólogo asesor del Ministerio de Ambiente en temas de Política Ambiental y de Minería. / Unimedios

El biólogo Jesús Orlando Rangel, profesor del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de Colombia, explicó al programa UN Análisis de UN Radio que “la alta montaña colombiana siempre fue utilizada como recurso y despensa para plantas medicinales. Sin embargo, en el Puracé siempre se ha dado una intervención y explotación artesanal y técnica de las minas de azufre, lo que ha generado un impacto ambiental que no supera el de la explotación de oro. Constituyen unos huecos grandes de explotación que no se restituyen y originan un daño en el paisaje y los flujos hídricos de la zona”.

El riesgo más alto que tiene Colombia es el proyecto Angostura en el Páramo de Santurbán. El profesor explicó que “tras la fragilidad de los ecosistemas de páramo y bosque alto andino, y las afectaciones en los bienes y servicios ambientales que están prestando a la comunidad, la ejecución de este proyecto impactaría arduamente los ecosistemas, perjudicando recursos naturales esenciales para garantizar la calidad de vida de la población localizada en el área de influencia directa e indirecta”.

La Ley 1382 del 10 de febrero del 2010 establece como zona excluible de la minería el ecosistema de páramo. El biólogo advirtió: “En esta zona nacen ríos muy importantes para todos los procesos sociales y biológicos de las dos capitales de los santanderes, además es la única fuente de agua que le queda a la región. En una zona donde no hay mucha disponibilidad de agua en la atmosfera, se genera un proceso de economía hídrica que origina los 2.100 litros por segundo que necesita Bucaramanga”.

El geólogo, Julio Fierro, asesor del Ministerio de Ambiente en temas de Política Ambiental y de Minería, señaló: “Si vamos a sacrificar biodiversidad, agua y riqueza cultural, sería para obtener dinero; sin embargo, las cuentas que hasta ahora tenemos en el país no dan y un ejemplo de ello es que en el 2009 el 75% que entró por regalías, de alguna manera fue devuelto vía exenciones y gabelas tributarias”.

Al respecto, Rangel destacó: “En estas negociaciones es obvio que el capital transnacional, la globalización y el neoliberalismo incidieron fuertemente para convencer a los gobernadores de que el Estado no debería tener nada sino ser solo administrador, por ello cada vez que surge un polo de discusión se evidencia que el Estado colombiano se está descapitalizando, estamos vendiendo todo”.

Recursos como el oro están subiendo continuamente su costo en el mercado internacional, no obstante en Colombia el incremento no es visible. Fierro precisó: “Nosotros no estamos dentro del negocio real, desde el 2001 el Estado dejó de ser empresario minero, esta posibilidad se borró con la Ley 685 de 2001, que es donde está la industria y solo quedamos con una contraprestación económica por la extracción de los recursos, dado que no son renovables”.

Por su parte, Rangel indicó que las intervenciones internacionales dejan muchos pasivos al país: “Siempre que se firman contratos, quedan los problemas y es al Estado a quien le toca responder, deberían existir cláusulas que precisen qué va pasar con los grandes huecos que dejan estas explotaciones, si los van a restituir o no”.

De acuerdo con el nuevo Código de Minas, únicamente pueden continuar labores en páramo quienes al momento de la sanción de la Ley 9 de febrero del 2010 tuvieran título minero y licencia ambiental. Los académicos indicaron que “el proyecto de Santurbán no debe ejecutarse, porque no cuenta con licencia y es claro que se trata de un páramo”.

Al finalizar, el biólogo Jesús Orlando Rangel concluyó: “Debemos ponernos de acuerdo y analizar las consecuencias ambientales de los proyectos y la reconstrucción que se va a realizar por parte de los actores implicados en la explotación minera respectiva. Se debe escuchar a los demás sectores que podrían estar perjudicados con cláusulas, que expliquen los impactos para una preparación previa, teniendo en cuenta los costos que podría traer al país”.

(Por: fin/pap/feb/vbr
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N.° 522

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