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Política & Sociedad

Endurecer penas para adolescentes no soluciona el problema

“Hay que desarrollar un cambio jurídico y cultural y no cargar toda la responsabilidad en el eslabón más frágil de la cadena, los niños, cuando la sociedad, el Estado y el ICBF no han respondido".

Bogotá D. C., 18 de noviembre de 2010Agencia de Noticias UN -

Foro Reforma al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. ¿Avance o Retroceso?

El foro se realizó en el Auditorio Camilo Torres de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

Fotos: A. Felipe Castaño / Unimedios

Así se refirió la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, en relación con el proyecto de modificación al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. “Hay muchas posturas sobre el tema y en este momento está cursando en la Comisión Primera del Senado el proyecto de seguridad ciudadana, en el cual se van a acumular los dos proyectos de ley que buscan el endurecimiento de penas”.

Los proyectos que hacen su curso son: uno presentado por el senador Roy Barreras y otro de la senadora Gilma Jiménez, quien dice que es “a título de defensora de los niños y las niñas y no por el Partido Verde”.

“Yo me he opuesto al endurecimiento de las penas y a que el Código de Infancia y Adolescencia, que contiene un título referido al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, se toque”, enfatizó la representante, quien argumentó que el sistema como tal no ha empezado su desarrollo, apenas lleva dos años y la nueva ley de infancia lleva cuatro.

Transformar el Código del Menor en Ley de Infancia le costó al país cerca de 15 años, “lo que pienso es que el costo que tiene ese proceso legislativo en términos culturales, sociales, jurídicos y económicos para el país es enorme y no considero recomendable tocar el Código en ese sentido”, agregó la parlamentaria.

Robledo explicó que presentó una propuesta de pedagogía legislativa que haga seguimiento de control político a los responsables del sistema para que cumplan con las funciones que tienen que cumplir. “Estamos pidiendo una política social fuerte, con verdaderas oportunidades para los adolescentes y jóvenes de este país, porque lo que vemos es que los problemas están concentrados en Cali, Medellín y Bogotá”. Asimismo, afirmó que se tiene la conciencia de que el país les debe oportunidades a los adolescentes y jóvenes.

Entretanto, Aroldo Quiroz Monsalve, ex procurador delegado para asuntos de infancia, adolescencia y familia, explicó que el riesgo que tienen los niños y adolescentes para enfrentarse a la Ley Penal está en la falta de posibilidades para ingresar al sistema educativo, “oportunidades que el Estado no les brinda, a pesar de que sabe cuáles son los factores y las variables socioeconómicas en las cuales se encuentran los adolescentes para delinquir, como la pobreza, la deserción escolar y la desigualdad”.

“No podemos seguir legislando por legislar, estos proyectos que se están presentando son situaciones mediáticas y simbólicas”, argumentó el ex procurador, quien acotó que se debe trabajar más en política pública específicamente en Medellín (Comuna 13), Cali (Agua Blanca) y Bogotá (Ciudad Bolívar).

Nada soluciona el proyecto de reforma, “hay que darle tiempo a este Código de Infancia y Adolescencia que apenas lleva cuatro años y a un Sistema de Responsabilidad que no ha arrancado. Aquí no se puede legislar para todo el país”, concluyó Quiroz.

Estas fueron las posiciones de algunos invitados al Foro Reforma al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. ¿Avance o Retroceso?, organizado por el Observatorio del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (OSRPA) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UN de Colombia.

El evento, instalado por el decano José Francisco Acuña Vizcaya y director del Observatorio, contó con la asistencia de Mario Gómez Díaz, director ejecutivo de la Fundación Restrepo Barco; Diego Fernando Gómez, abogado investigador de OSRPA; María Piedad Villaveces Niño, directora del ICBF; Hugo Hidalgo, consultor para temas de políticas públicas, garantía y protección de derechos de infancia, adolescencia y juventud, y Franklin Castañeda, defensor de Derechos Humanos, entre otros.

(Por: Fin/evm/feb/vbr
)
N.° 295

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