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Germán Umaña, profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia. Unimedios

Los principales objetivos del TLC con Estados Unidos eran mejorar el bienestar social mediante un crecimiento económico sostenido y transar preferencias comerciales que permitieran a los exportadores colombianos participar en igualdad de condiciones en las compras que se realizan en los demás países. Además, incrementar y consolidar las ventas de bienes y servicios en el exterior, ofrecer a los inversionistas un ambiente de negocios favorable y generar mecanismos definidos en relación con las ayudas que les brindan a sus productores con el fin de encontrar igualdad de condiciones y no crear desventajas frente a los países que proveen dichas ayudas.

Andrés Espinosa, jefe negociador por el Ministerio de Agricultura de Colombia en tratados de libre comercio, aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que este año se tramite un acuerdo, dado que el ambiente preelectoral es lo primordial en Washington, entonces lo único importante en la capital norteamericana es el tema político. Tendríamos que esperar hasta el año entrante para ver si finalmente la Casa Blanca y el Congreso deciden presentar nuevamente a consideración el TLC”.

Las negociaciones iniciaron el 18 de mayo del 2004 en Cartagena, cuando los entonces presidentes de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y de Estados Unidos, George W. Bush, le dieron prioridad a las negociaciones. Sin embargo, en noviembre del 2006 cambiaron las prioridades, cuando los demócratas llegaron a la Cámara de Representantes y el Senado del país norteamericano.

Espinosa explicó que Colombia depende de los resultados electorales en Estados Unidos: “Es posible que el Partido Republicano retome la mayoría en gobierno y eso crearía una situación política compleja para la administración del presidente Barack Obama a partir del año entrante”.

Germán Umaña, profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia, ex director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), precisó: “Esto no es un tratado de libre comercio, es un acuerdo de protección de inversiones, porque el resto de elementos del tratado dejaron de ser importantes. Estamos es protegiendo el capital de portafolio y el capital conocimiento de la inversión extranjera directa”.

Asimismo, César Ferrari, profesor de economía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, precisó: “No es un acuerdo libre porque no hay libertad en las partes, siguen existiendo subsidios a los productos agrícolas americanos; tampoco es de comercio porque no es lo más importante del tratado, tiene que ver más con protección de patentes y con tratamiento a las inversiones. Es bastante limitado lo que se puede esperar del tratado, además los beneficios que podrían otorgarse ya se habían dado desde hace muchos años y en ese sentido no representan ninguna novedad, solo una consolidación permanente”.

Por su parte Óscar Medina, profesor del Programa de Negocios Internacionales de la Universidad Eafit, afirmó que “sí es un tratado de libre comercio, porque es una posibilidad de generar estabilidad en el tiempo de aquellos acuerdos que se han alcanzado con Estados Unidos. Es una negociación libre, porque en la parte de servicios se abren grandes oportunidades para la prestación de los mismos, localizados en Colombia y reconocidos por entidades norteamericanas de seguros y de salud. Hablamos de un convenio comercial, porque este concepto no solo significa productos sino también inmersión en el ámbito internacional e inversión, aunque se planteen políticas para proteger la propiedad”.

Según el profesor Umaña: “La aprobación del TLC va a ser un gran negocio para los norteamericanos, pero pésimo para los colombianos. Se trata de un statu quo, un tratado de protección de inversiones que será aprobado con unas leves modificaciones que aceptará el vicepresidente en el tema laboral y ambiental, para que el año entrante entre en funcionamiento”.

Álvaro Zerda, doctor en Economía y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, concluyó: “Este tratado significa la entrega de la soberanía en cuanto a las decisiones autónomas en términos de política económica y de desarrollo que podría tomar el gobierno, porque todo eso queda cedido en el momento en que entre en vigor”.