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El tema agrario, en buena parte origen del histórico conflicto nacional, es trascendental durante la era posacuerdo.

Este lunes 29 de agosto, oficialmente, se acabaron las hostilidades.

El profesor Marco Romero.

La semana pasada el Presidente Santos llevó el acuerdo al Congreso.

El plebiscito se llevará a cabo el próximo 2 de octubre.

Buena parte de esa estabilidad dependerá en gran medida de dos focos esenciales: el adecuado tratamiento del tema agrario, entendido como una de las problemáticas que dio origen al conflicto armado nacional, y las garantías de las nuevas identidades políticas que representen el espíritu de esos acuerdos. 

Estas fueron las conclusiones principales del Seminario Paz Territorial y Posacuerdos, organizado por el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) y la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), el viernes pasado en El Espinal (Tolima), como apertura de la primera cátedra territorial sobre la paz en Colombia que dictarán las dos instituciones. 

Para el profesor Marco Romero Silva, del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto de la U.N., es claro que la sobrevivencia de los acuerdos dependerá del punto sobre la participación política de esas nuevas fuerzas. Estas tendrán que ser protagonistas del nuevo orden y, además, columna vertebral que obligue a gobiernos venideros a cumplir lo pactado, sin distingo de partido. 

Los acuerdos de La Habana prevén todo un paquete de reformas para estimular el pluralismo político, y además para fortalecer las organizaciones sociales. Allí es concebida una sociedad civil que puede ejercer contrapeso en las decisiones del Estado, “para que los distintos intereses se organicen y puedan reivindicar sus aspiraciones en esa escena pública democrática”, afirma el docente. 

Sin embargo, subrayó que el problema agrario es probablemente el más importante y sobre el cual existen los mayores retos. 

Todos los escenarios de debate han coincidido en que la construcción de paz tiene puntos de fuga en la dimensión agraria y territorial. De allí que la gestión en torno al acceso a tierras y formalización de las mismas será trascendental para la paz duradera. Así, en cuanto al acceso a la tierra se prevé la entrega de al menos siete millones de hectáreas, de las cuales siete corresponderían a procesos de formalización. 

A ello se deben agregar los planes de subsidio para que el campesinado pueda acceder a las tierras, con logística e infraestructura que haga de sus proyectos una alternativa productiva. “El Estado civil debe llegar a los territorios”, comentó el profesor Marco Romero. 

El académico se refiere puntualmente a que esos territorios, históricamente, han estado sometidos a una condición de periferia, caracterizada porque las garantías ciudadanas tienen escasa o inexistente atención. 

La presencia del Estado ha sido esencialmente militar, por lo que el gran desafío no solo será llevar sino establecer redes de protección social como salud, vivienda, educación y servicios públicos. Este es el reto principal de la transición que implican los acuerdos, “no solo el acceso a tierras, sino un enfoque integral que asegure que los sistemas productivos implementados se puedan articular con las garantías sociales”. 

Otro de los retos será la financiación de la paz territorial, pues no son pocos los gobernantes regionales que siempre han planteado si esta va a correr por cuenta de las redes locales, o si se van a emplear esquemas distributivos.