Escudo de la República de Colombia

Análisis

El posconflicto exige replantear política antidrogas

Uno de los aspectos más importantes a la hora de enfrentar el final del largo conflicto armado colombiano es la necesidad de una política pública eficiente en términos de narcotráfico y cultivos ilícitos.

Bogotá D. C., 06 de agosto de 2015Agencia de Noticias UN-

Es necesaria una política pública eficiente en términos de narcotráfico y cultivos ilícitos.

El Plan Colombia se concibió como una iniciativa bilateral entre los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y el de Bill Clinton (1993-2001).

Se han cumplido los objetivos iniciales y con los 9.404 millones de dólares que se han girado desde 2001 hasta 2010, Colombia logró importantísimos avances en materia de seguridad.

Las ganancias de Colombia en materia de seguridad son parciales, posiblemente reversibles y ensombrecidas por los daños colaterales.

Desde 2004 ha habido una significativa disminución de las hectáreas de cultivos ilícitos.

Santos buscó darle un giro a la posición de la anterior administración y se tendieron puentes de diálogo, no solo con las FARC, sino también con organizaciones de derechos humanos.

Desde una mirada histórica, el referente con el que se cuenta para ello es el Plan Colombia, concebido como una iniciativa bilateral entre los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y de Bill Clinton (1993-2001) en 1999, cuyo fin era generar una revitalización económica y social del país, fortalecer las fuerzas militares y constituir herramientas para la lucha contra el narcotráfico. 

¿Fue una iniciativa efectiva en cuanto a lucha contra las drogas? 

La investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la U.N., Diana Rojas, analiza las fortalezas y debilidades de esta estrategia en su libro La intervención de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano (1998-2012)

Respecto a las ventajas del Plan Colombia, muestra dos visiones: la oficial, que apunta a que los objetivos iniciales se cumplieron y que con los 9.404 millones de dólares girados, desde 2001 hasta 2010, Colombia logró importantísimos avances en materia de seguridad y alcanzó la recuperación cuando estuvo a punto de ser un “estado colapsado”. Según Washington, “esta fue una experiencia modelo que podría ser reproducida en otras latitudes”. 

En cuanto a los aspectos negativos, la autora incluye la apreciación de la Washington Office of Latin America (WOLA): “Las ganancias de Colombia en materia de seguridad son parciales, posiblemente reversibles y ensombrecidas por los daños colaterales. Ellas han acarreado grandes costos en vidas y recursos. Las mejoras en la seguridad se han estancado e incluso se han revertido. Los escándalos muestran que el Gobierno, en su afán por adelantar esas políticas de seguridad, ha lesionado los derechos humanos y las instituciones democráticas”. 

Ante ese panorama, es necesario plantear la pregunta de si, con los beneficios y los problemas del Plan Colombia, sería esta una iniciativa acorde con la coyuntura política actual, es decir los diálogos de paz y el inminente posconflicto. 

El Plan Colombia puede ser evaluado en su conjunto como una iniciativa de recuperación de la estabilidad a partir de tres dimensiones: una de control territorial, que se expresa en la presencia militar a lo largo de la geografía nacional; una política, representada en el fortalecimiento institucional; y una social y económica, que concierne al despliegue de actividades productivas lícitas. 

Pensando en el posconflicto, es necesario plantear ampliamente el tema de las drogas ilícitas y ver qué tratamiento dará el Gobierno al respecto. 

Uno de los puntos más importantes que según la profesora Rojas debe ser abordado son las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, pues hasta ahora la política antidrogas ha sido infructuosa en la medida que ha invertido mucho y obtenido “magros resultados”. 

Se hace necesario, entonces, un “cambio de paradigma” que, de facto, debería estar inclinado hacia la dinámica del posconflicto. En 2012, desde la OEA se dieron algunos pasos al respecto, pues se plateó “la necesidad de diseñar una estrategia integral que implique un viraje hacía la descriminalización y le dé al asunto de las drogas ilícitas la connotación de problema de salud pública”, explica el libro. 

Otro punto muy relacionado es el de los derechos humanos. En opinión de la profesora Rojas, “el primer Gobierno del presidente Juan Manuel Santos buscó darle un giro a la posición de la anterior administración y se tendieron puentes de diálogo, no solo con las FARC, sino con organizaciones de derechos humanos que buscaban reconocer a las víctimas como centro de las conversaciones de La Habana. Fruto de ello es la Ley de Víctimas”. 

Entre las perspectivas que plantea el libro, Colombia “se convertiría en un campo de pruebas para una intervención tipo peacebuilding (agrupación de grupos en disputa bajo reglas de derecho para conseguir una paz duradera) por parte de Estados Unidos”. 

La autora se pregunta: ¿Hay que ser optimistas? ¿Se empieza a visualizar el fin del conflicto armado? ¿Colombia podría llegar a ser un caso exitoso de reconstrucción estatal? 

“Las cartas están sobre la mesa y la partida está en pleno desarrollo”, concluye la investigadora.


Versión en inglés en:
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/post-conflict-demands-reconsidering-anti-drug-policy.html 

(Por: Fin/DFBN/MLA/AC
)
N.° 971

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