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El 2017 marcará el hito de la reforma constitucional

A menos de 48 horas del plebiscito para respaldar o no los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, es claro que, ante la firma del pasado lunes en Cartagena, lo pactado y la dinámica tras cuatro años de negociación vendrá un período de reformas constitucionales.

Bogotá D. C., 30 de septiembre de 2016Agencia de Noticias UN-

Debates constitucionales y Perspectiva constituyente, el tema del panel.

“Con la firma del acuerdo de Paz se abre una oportunidad para que en unos años haya un proceso constituyente”, señaló el profesor Estrada.

“La Constitución del 91 fue fallida y requiere una reforma”, manifestó el profesor Marco Romero.

La paz territorial de la que hablan los acuerdos es, para algunos expertos, el fracaso de un reformismo agrario planteado hace 25 años.

Para el plebiscito habrá 36 millones de tarjetones disponibles, 15.000 de los cuales están en braille.

Así lo expresó el viceministro del Interior y otrora profesor de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), Guillermo Rivera, durante un panel celebrado en la Institución, cuya tesis en todo caso convergió con la de otros juristas.

De hecho, explicó el profesor de Derecho de la U.N., Jairo Estrada, el devenir de la negociación permite considerar no solo que hay que ajustar la Carta Política del 91, además, habrá que hacerlo en el corto plazo, con lo cual se podría prever una Constituyente en muy pocos años.

El viceministro sostuvo que lo que queda de 2016 y 2017 serán sin lugar a dudas los años que pasarán a la historia como “los de auténticos hitos en materia de reforma constitucional”. En concepto del segundo funcionario al mando del ministerio de la política, es evidente que el acuerdo firmado da cuenta de unas reformas tanto “explícitas como implícitas”.

Si bien no son las únicas, el funcionario destacó cuatro como las más preponderantes dentro de las explícitas.

La primera corresponde a la ley que tendrá que ratificar lo pactado en La Habana como unos acuerdos especiales, hecho que supondrá la incorporación de estos al bloque de constitucionalidad.

La segunda es una nueva institucionalidad electoral, derivada de la participación política de las FARC, con lo cual las labores de identificación y las electorales, hoy en cabeza solo de la Registraduría, deban separarse y tener cada una su propia entidad.

También, por esa misma peculiaridad de los acuerdos, crear artículos transitorios para que las FARC puedan constituirse en partido político, aún sin el lleno de los requisitos que señala la Carta, con lo cual se abonaría el terreno para una reforma constitucional. Finalmente, está lo concerniente a la Jurisdicción Especial para la Paz que, aunque tiene carácter transitorio, es un asunto que tarde o temprano tendrá que ser incorporado al texto constitucional.

El enfoque territorial de paz, que tendrá que dar poder a los gobiernos locales tradicionalmente débiles; un estatuto de oposición, a partir de la modificación del reglamento del Congreso, que de una vez por todas brinde garantías a los que se declaren en oposición, así como las leyes de desarrollo rural con modificaciones para fortalecer la ley de restitución de tierras, son algunas pistas que se desprenden de los acuerdos para ajustar la Carta Política.

No obstante, hay que cuidar los avances plasmados hace 25 años. Según el profesor de la U.N., Marco Romero, quien además es director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), si bien con la Constitución del 91 configuraron avances de ciudadanía social, su implementación ha sido desastrosa.

En ese sentido, manifestó: “necesitamos que políticas como la de la diversidad cultural se materialicen, porque tenemos una tremenda batalla sobre cómo ponderar los derechos de las comunidades con los intereses económicos de la Nación”.

Por su parte, el profesor Jairo Estrada manifestó que, si bien los acuerdos prevén expresamente unas reformas, se debe tener en cuenta que el ordenamiento vigente estaba articulado para un país en guerra. Pero, por otro lado, subraya, es “un ordenamiento constitucional de un Estado social de Derecho”.

El académico consideró, finalmente, que ahora “se están dando unas conclusiones que nos dicen: ha terminado la guerra, hay condiciones para superarla definitivamente, luego el pacto social que regula las relaciones es para acondicionarse a esa nueva situación que emerge desde lo concertado en La Habana”.

(Por: fin/HEVC/MLA/APBL
)
N.° 610

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