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Maria Teresa Pinto,ODDR. Foto: Unimedios

Cuando los ex combatientes dejan la guerra, la mayoría de ellos elige la educación, básica o superior, como una de las alternativas más importantes para iniciar su proceso de reintegración social. De acuerdo con María Teresa Pinto, codirectora del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la Universidad Nacional, “en el espacio educativo es donde más se evidencia el ejercicio de construcción ciudadana y el que más resultados genera en esta etapa de transición”.

Muchos de los desmovilizados ni siquiera han cursado la primaria, por eso continuar sus estudios, alejados del campo y del entorno de guerra con el que convivían, se convierte en una motivación ya que a partir de la culminación de su proyecto educativo pueden encontrar nuevas posibilidades de salir adelante y cumplir nuevas metas.

“Hay algo que pasa en las universidades que hace que los desmovilizados cambien su percepción de la vida y de la sociedad, y a partir de esto existe una recomposición de una serie de temáticas que están relacionadas directamente con la sosteniblidad de los ex combatientes en la vida civil”, afirma la politóloga Pinto.

En estos espacios educativos se evidencia claramente el proceso de reintegración. “Con el paso del tiempo y al convivir en otro ambiente diferente, y de acuerdo a sus nuevas experiencias, se van dando cuenta de que el ejercicio de la democracia supone otras herramientas y medios para hacerse oír. Esto es un ejercicio de recomposición ciudadana muy visible en este tipo de escenarios”, agrega la codirectora del ODDR.

En los reinsertados que han tenido la posibilidad de iniciar la educación superior, según la profesora Pinto, es evidente el cambio. “Llegan a las universidades y con el tiempo son otras personas muy diferentes a las que llegaron cuando dejaron las armas. La universidad pareciera que es la garantía más grande para que el desmovilizado como que haga un switcher en su cerebro de alguna manera muy específica, ya que allí se genera un espacio vital que no encuentran en otros niveles, por lo que esto genera una posibilidad muy grande para que los ex combatientes permanezcan en la vida civil y no vuelvan a sus antiguos grupos al margen de la ley”.

El papel que ejercen las instituciones
El trabajo realizado por el Observatorio consiste en apoyar los procesos de articulación a través del análisis y la producción de conocimientos por medio de una mirada desde múltiples ángulos a la participación y confluencia de los actores y temas involucrados en la desmovilización y reintegración.

De esta manera han acompañado al Gobierno nacional, los Gobiernos locales y otras organizaciones e instituciones que trabajan con el tema de reinserción para demostrar que la educación cada vez más se convierte en un instrumento para mantener a los desmovilizados en la comunidad y por ello hay que orientar muchos esfuerzos dirigidos a este programa.

Por esta razón, en el ODDR existe un proyecto directo con las instituciones educativas del país, públicas y privadas, “que consiste como primera medida en desestigmatizar a los reinsertados, y a partir de esto se inicia un proceso de conscientización para que estas instituciones asuman una responsabilidad social con el país a través de la posibilidad de incluir en sus instituciones a los desmovilizados, no solo dándoles un cupo, sino, por ejemplo, ofreciéndoles becas para que así se garantice una mayor estabilidad y sea posible la culminación de una carrera. Asumir este tipo de reconocimiento es una apuesta a la paz del país”, agregó la politóloga.

Sin embargo, el aporte que deben ofrecer los planteles educativos no radica solo en eso. En el Observatorio se ha evidenciado que se requiere de un acompañamiento permanente y específico de las instituciones con los estudiantes desmovilizados, ya que “ellos requieren una atención académica y social diferente a la de los otros estudiantes debido al proceso de reintegración que están llevando a cabo”.

Adicionalmente, los esfuerzos también deben estar orientados a garantizar la sostenibilidad para que los reinsertados culminen con éxito su proceso de reintegración a la sociedad y no vuelvan a su vida anterior a pesar de las múltiples dificultades que se pueden generar y de la presencia de otros factores, como los ofrecimientos económicos que les hacen para que regresen a los grupos violentos.

De esta manera, se concluye que la educación es una de las mejores alternativas para asegurar la permanencia en la vida civil, pues representa una salida a estas personas nuevas y mejores oportunidades de vida. Abrir este tipo de espacios debe ser un compromiso ciudadano, ya que el proceso de reintegración hace parte del desarrollo general de un país y constituye una responsabilidad nacional.