00

El estudio se realizó en cuatro cementerios del Tolima. Fotos: archivo particular

Según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la cifra de desaparecidos es de 82.998 personas.

El Instituto de Medicina Legal estima que en los cementerios del país hay al menos 200.000 cuerpos sin identificar.

En varios cementerios se han perdido cadáveres no identificados o no reclamados.

El Instituto de Medicina Legal ha encontrado 9.410 cuerpos en fosas comunes.

Giarolli Serna, magíster en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), encontró que en diferentes cementerios del país se han perdido cadáveres no identificados o no reclamados de personas que podrían haber sido víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.

Para establecer esta situación, el investigador analizó el enterramiento de personas no identificadas (PNI) y personas identificadas no reclamadas (PINR) en cuatro cementerios del Tolima: San Juan Bautista, en Chaparral; Santa Lucía, en Honda; San Sebastián, en Mariquita, y el Central de Ibagué.

“Las dinámicas administrativas son incompletas y desarticuladas, pues en muchas municipalidades no se ejecutan los registros ni la documentación asociada con las inhumaciones de personas enterradas como ‘NN’”, comenta el magíster.

Explica que la irregularidad en la tenencia de los predios donde funcionan estos establecimientos tampoco ayuda, pues en ocasiones se desconoce o no se ha formalizado por falta de una actualización catastral, lo que limita la implementación de políticas públicas o impide destinar recursos para regularizar la operación funeraria y establecer su construcción en nuevas localizaciones.

Desde 2005 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha encontrado 9.410 cuerpos en fosas comunes, enterrados casi clandestinamente y sin ninguna identificación en los cementerios del país.

Sin embargo, la entidad estima que allí hay por lo menos 200.000 cuerpos sin identificar y que han sido enviados desde los servicios judiciales o forenses, pero que ante la escasa información que se entrega a las administraciones de los campos santos estos empiezan a quedar relegados en el olvido.

“Los cementerios no han sido liberados administrativamente por la curia (iglesia Católica), que no ha mostrado interés en cambiar sus procedimientos o de enterarse de la regulación que les compete”, advierte.

A lo anterior se suma que las alcaldías o gobernaciones no han asumido la responsabilidad que les corresponde de ejercer vigilancia, pues rara vez los cementerios han sido del interés de las administraciones locales.

“No se han adelantado acciones concretas para que los cementerios cuenten con información completa sobre los cuerpos bajo su custodia; que los espacios que ocupan estén debidamente demarcados, y tampoco ha habido gestiones para verificar las inscripciones que difícilmente se distinguen en las lápidas o cruces, y además que muchas de estas ubicaciones continúan recibiendo residuos y escombros”, comenta.

En el caso de los osarios, por ejemplo, el investigador propone que profesionales en bioantropología y arqueología orienten individualizaciones y posibles identificaciones a partir de la construcción de una colección de estudio morfológico y osteométrico, con restricciones para evitar que se destruya el tejido óseo y que a la postre cree traumatismos al momento de las restituciones.