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Decreto 444, préstamo forzoso y de riesgo para entes territoriales

Aunque no hay discusión acerca de la evidente necesidad de atender los gastos asociados con la declaratoria de emergencia por la propagación del COVID-19 en el país, este decreto dictado por el Gobierno nacional para crear el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), genera varios problemas, especialmente asociados con las fuentes de financiación.

Bogotá D. C., 25 de marzo de 2020Agencia de Noticias UN-

A través del decreto 444 se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) para atender la crisis desatada por el COVID-19. Fotos: archivo Unimedios.

En el decreto se dictan disposiciones sobre los recursos para atender el estado de emergencia social, económica y ecológica en que está Colombia.

El fondo se financiaría con fuentes como el Fondo del Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet).

El hecho de que estos dineros sean de las regiones desató la polémica.

El profesor Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, habló sobre el tema.

“Básicamente son dos tipos de recursos: el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), que se nutre de las regalías y que a su vez es un recurso de las entidades territoriales, y el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet)”, explica el profesor Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Según el decano, se trata de préstamos forzosos que se imponen a los gobiernos territoriales, a lo que se le suma, en el caso del FAE, el hecho de que sería sin intereses y con desembolsos y amortizaciones calculados a tasas de cambio que probablemente generarían pérdidas para las entidades territoriales.

Para el docente, además de estos puntos problemáticos, la otra discusión grande es que estos recursos se utilizarían para apoyar a entidades públicas, pero también para comprar acciones, hacer préstamos y provisión de liquidez de entidades privadas, aunque no dice con qué criterio se escogen.

Este hecho podría dar pie a suspicacias sobre los procesos de asignación, especialmente a las empresas privadas, a lo que se le suma la falta de precisión acerca de cómo ese rescate o apoyo a estas entidades puede contribuir realmente a solucionar el problema económico que el país enfrenta a raíz de la emergencia que representa la rápida expansión del coronavirus en el territorio nacional.

“Ahí lo que se nota es que el Gobierno nacional no está asumiendo su cuota de responsabilidad con aportes propios, a lo que se le suma el hecho de que la asignación de los recursos sería prácticamente a dedo por parte del Ministerio Hacienda. Alrededor de este tema pueden surgir interrogantes como ¿por qué no hacer uso del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que ya existe?” comenta el docente.

El problema de centralizar los recursos

Por su parte el profesor Orlando Villabona, de la Facultad de Ciencias Económicas, al referirse al Decreto 444, considera que también resulta problemática la centralización de los recursos de las entidades territoriales en las grandes entidades financieras, lo que les resta maniobrabilidad para la atención de la emergencia a nivel local.

Agrega que “la centralización está bien, siempre y cuando cuente con la participación de los entes territoriales y se haga de manera coordinada, de tal manera que se pueda ver cuáles son las necesidades de cada territorio, pues se corre el riesgo de dejar sin recursos a muchos municipios que lo necesitan”.

“Lo primero que se debe hacer es un inventario de necesidades a nivel regional y con base en eso tomar medidas; la centralización en últimas lo que hace es recoger los recursos para dirigirlos hacia donde están las necesidades, pero lo mas importante es que cuenten con la opinión de cada una de estas regiones”, asegura.

(Por: fin/ALP/MLA/LOF
)
N.° 261

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