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Crisis en Brasil pone en riesgo derechos de su población afro

Michel Temer, quien asumió de forma interina la presidencia de Brasil, ante la suspensión temporal de Dilma Rousseff, redujo el número de ministerios de 32 a 23, entre ellos el de La Mujer, Igualdad Racial, Juventud y Derechos Humanos.

Bogotá D. C., 24 de junio de 2016Agencia de Noticias UN-

Las comunidades afrodescendientes de Brasil estarían en riesgo de perder derechos adquiridos con el nuevo gobierno de Brasil.

Dilma Rousseff tenía entre sus ministros a una mujer afro.

Michel Temer, presidente interino de Brasil.

Las recientes medidas de Temer también implicarán un cambio legislativo en la titulación de tierras de descendientes de esclavos, señala el analista.

En 2015, Brasil entró en una crisis política.

Con el cierre del citado Ministerio, la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (Seppir) también finalizaría, según lo advierte Marcelo Paixão, profesor asociado del Teresa Lozano Long Institut of Latin American Studies, de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos), quien recordó que en los ministerios de Rousseff había cuatro ministras, una de ellas afrodescendiente. 

El académico destaca que, de manera similar, el actual ministro de Educación, Mendonça Filho, del partido Demócratas (DEM), ha protagonizado la oposición a las políticas de igualdad racial, inclusive con demandas judiciales en el Supremo Tribunal Federal contra las titulaciones de quilombos y a las acciones afirmativas. Así, dentro de sus primeras acciones disolvió el Grupo de Trabajo, constituido para analizar y proponer mecanismos de inclusión de afrodescendientes, indígenas, portadores de necesidades especiales en programas de posgrado y movilidad internacional. 

Las recientes medidas de Temer, según el docente, también involucrarán un importante cambio en la legislación de titulación de las tierras de descendientes de esclavos. Así, a través de la Medida Provisoria N.° 726/16, este proceso dejaría de ser realizado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y volvería a manos de la Fundación Cultural Palmares, una institución pequeña, sin capacidad técnica o financiera para manejar procesos costosos y complejos, como los que involucran la titulación de tierras. 

De esta forma, el gobierno responde a una antigua reivindicación de los sectores vinculados al agrobusiness brasileño, que insistían en la revisión de los procesos de titulación de tierras indígenas y de los quilombos. 

Las amenazas del nuevo gobierno sobre la población afrodescendiente también compromete el plan de la libertad religiosa, asegura el académico. Desde hace unos años, los principales líderes de grupos religiosos han denunciado persecuciones y ataques de las iglesias pentecostales, las cuales tienen cada vez más masa política en Brasil. De hecho, en las elecciones de 2014 obtuvieron 80 diputados federales.

El antiguo presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, es considerado una ficha esencial de la bancada pentecostal, por ello los líderes de las religiones afrobrasileñas son poco optimistas sobre el nuevo escenario de gobierno que se ha abierto en el país.  

Golpe de Estado particular 

Brasil, comenta el analista brasileño, pasa por un golpe de Estado, el cual no se parece a los que afrontó América Latina entre las décadas del 50 y 70 del siglo pasado. Tal como sucedió en Honduras, en 2009, y en Paraguay, en 2012, se aplicó una nueva modalidad basada en las mayorías parlamentarias conservadoras y en argumentaciones formales de ilegalidad del jefe del gobierno.  

El argumento utilizado para derrocar a Dilma Rousseff trata sobre los créditos de bancos públicos dispuestos para hacer el pago de compromisos gubernamentales, dispositivo prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, conocido como “pedalada fiscal”. 

Entretanto, otros gobernadores e incluso expresidentes de la República (como Fernando Henrique Cardoso) han adoptado en el pasado medidas similares que no han sido juzgadas con el mismo rigor. 

No se trata de menospreciar los procesos legales, pero sí de subrayar la naturaleza política que ha marcado el proceso de destitución de Rousseff, suspendida de su cargo por 180 días, mientras se adelanta el proceso de juicio político, subraya el experto.

A los escándalos de corrupción, que involucran políticos vinculados a los principales partidos del gobierno y de la oposición, hay que añadir la crisis económica. En opinión del analista, ambos factores redujeron la popularidad de Dilma Rousseff, pero no justifican una medida tan fuerte, que atenta contra de la legalidad institucional del país. 

Más allá de sus aspectos formales, existen dos cuestiones de fondo: la imposición de una agenda neoliberal para el país y una estrategia que busca arrebatar las importantes conquistas de la población afrodescendiente brasileña. 

Durante los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) se ha generado un tímido proceso de desconcentración de los niveles de ingreso en Brasil, incluso en términos raciales. Esto ha sido provocado por algunas políticas sociales universales, como la valorización del salario mínimo nacional (880 reales - 770.000 pesos -); según datos oficiales, casi la mitad de los trabajadores afrodescendientes ganan exactamente ese valor. Es decir, estas políticas tienen impacto directo en las condiciones de vida de ese grupo, y otras focalizadas (por ejemplo, el Programa Bolsa Familia beneficia alrededor de 13 millones de familias que viven por debajo de la línea de pobreza, y el 67 % son afrodescendientes). 

Asimismo, en este período se han aprobado medidas en beneficio de la población afrodescendiente. Por ejemplo, el Decreto 4887/2003, definido por el Instituto Nacional de Descolonización y Reforma Agraria (Incra) como el responsable por la titulación de las tierras de descendientes de quilombos (esclavos fugitivos); la Ley 12711/2012, que determinó las acciones afirmativas para los estudiantes de las escuelas públicas, de bajo nivel de ingreso, pretos y pardos (negros) en las universidades públicas federales; y la Ley 12.964/2014, de protección al trabajo de las empleadas domésticas (alrededor de dos terceras partes de las personas que trabajan en estas condiciones son mujeres afrodescendientes). 

Pese a que estas medidas han sido tímidas en su alcance (al menos si se consideran los históricos patrones de inequidad en Brasil), ayudarán en la mejora del patrón socioeconómico, tanto de los más pobres como de los afrodescendientes. Por tanto, esta situación incomodó a amplios sectores de las clases medias y medias–altas blancas brasileñas, históricamente acostumbradas a los rígidos sistemas de distinción social y racial presentes en el país.

(Por: Fin/UNP/MLA
)
N.° 6

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