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Cooperación y sustentación científica, claves para resolver litigio con Nicaragua

La academia ofrece nuevas luces y conceptos que contribuyen a clarificar problemas esenciales como la ratificación de Colombia en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la preservación de la reserva de la biósfera y el archipiélago de Estado.

Bogotá D. C., 21 de noviembre de 2016Agencia de Noticias UN-

La defensa de la reserva Seaflower es un imperativo ecológico y social.

Los raizales deben formar parte de las acciones que busquen superar el diferendo limítrofe.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue declarado Reserva de Biosfera Seaflower.

La extensión de 300.000 k2 convierte a Seaflower en la reserva de biosfera con mayor área marina.

La población residente en Seaflower es de 71.000 habitantes.

Los raizales representan entre el 30 % y el 35 % del total de los habitantes del archipiélago.

Así quedó planteado en el Encuentro Internacional “Colombia en la geopolítica del Caribe: entre cooperación y controversias”, realizado por el Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), el cual contó con la participación de académicos, internacionalistas y expertos que ofrecieron sus percepciones sobre la manera como el Estado colombiano puede hacer frente al diferendo limítrofe con Nicaragua.

Para el experto hondureño Carlos López Contreras, aunque el fallo de 2012 es definitivo e irreversible, se puede neutralizar. Para ello sugirió la posibilidad de que se conforme un régimen plurinacional en el que las fronteras nacionales cedan el paso tanto a las comunidades ancestrales como a la reserva mundial de la biosfera Seaflower.

Respecto a los derechos sobre la plataforma continental extendida, a partir de los cuales Nicaragua decidió interponer una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el ex diplomático recomendó contratar servicios tecnológicos adecuados para establecer con precisión si realmente la geomorfología de la región podría dar pie a dicha solicitud.

A su turno, el coronel (r) Darío Ruiz Tinoco, especialista en Geopolítica, destacó que aunque efectivamente hubiera cabido la posibilidad de interponer un recurso de revisión del fallo, no existe un antecedente histórico de que este tipo de medidas prosperaran a favor del Estado que lo presenta. Además, implicaría el reconocimiento del fallo.

En su intervención, el ex diplomático colombiano Enrique Gaviria afirmó que “no se puede seguir insistiendo en que la negociación con Nicaragua parta de incluir el fallo en la Carta Política”. En su opinión, es necesario buscar fórmulas realistas, y una de ellas es el Tratado Sanín-Robertson con Jamaica, de 1993, en el que se estableció, por ejemplo, un acuerdo de explotación conjunta de los recursos.

Para el experto, Colombia debió haber ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, puesto que en ella se consideraban aspectos tales como establecer una diferencia entre el estatus jurídico de las islas y de las rocas.

“Si Colombia hubiera formado parte de la Convención del Mar, habría podido aspirar a formar parte del Tribunal del Mar”, afirma el internacionalista.

Respecto a la tesis del archipiélago de Estado, de acuerdo con la denominada “doctrina Gaviria” se deberían trazar líneas de bases rectas que unan todas las formaciones del archipiélago, y que las aguas internas dentro de perímetro trazado se consideren “aguas archipelágicas” (de propiedad exclusiva del respectivo Estado continental) respetando el libre tránsito de buques extranjeros.

Según esta tesis, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental se deberían trazar a partir del límite exterior de las líneas de base que unan dichas formaciones insulares.

De acuerdo con el profesor Antonio José Rengifo, director del Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos de la U.N. , además de evaluar la conveniencia de ratificar la Convención del Mar, ampliar sus derechos sobre la biósfera y contemplar la tesis del archipiélago de Estado, Colombia deberá desarrollar los mecanismos jurídicos que le permitan enfrentar con éxito este tipo de controversias.

“Si bien es cierto que Colombia debe buscar una negociación con Nicaragua, resulta fundamental detectar los aspectos más vulnerables del fallo de 2012, que precisamente no es una fórmula matemática”, puntualizó el académico, quien además llamó la atención sobre la posibilidad de que la U.N. promueva, junto con el Estado y los organismos internacionales, la creación de centros de formación en el archipiélago para pescadores de la región Caribe.

Para Silvia Mantilla, profesora investigadora de Relaciones Internacionales de la U.N., aunque en el país persiste un gran desconocimiento sobre aguas territoriales y fronteras marítimas, Colombia debería comenzar a considerar y entender las nuevas formas de integración fronteriza, que si bien deben partir de la institucionalidad, también deberían construirse con la comunidad.

“Una reserva de la biósfera de carácter extendido tendrá que considerar un componente social y humano que permita su redefinición geográfica”, precisa la docente.

Para Josefina Huffington, líder raizal de la isla de Providencia, su comunidad tuvo presencia en los cayos hasta que los sacaron, situación que dio paso a un tipo de pesca industrial e indiscriminada que vulnera los derechos de los nativos del archipiélago y pone en riesgo su soberanía alimentaria.

Sobre el particular, el profesor Germán Márquez, académico de la U.N., recordó que la reserva de la biósfera en la zona también debía considerar una perspectiva social capaz de combinar las necesidades de la naturaleza junto con la de aquellas poblaciones que históricamente habían hecho presencia en la región.

En ese sentido, Ana Paola Agudelo, de la Cámara por los Colombianos en el Exterior, llamó la atención sobre la importancia de contribuir al debate por medio de alianzas con instituciones de educación superior de Centroamérica y el Caribe, a través, por ejemplo, de sus respectivos centros de pensamiento y observatorios.

(Por: Fin/JCMG/dmh/LOF
)
N.° 928

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