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Contribución compartida equilibraría sistema de pensiones

Un sistema pensional de contribución compartida, en el que el Estado subsidie aportes en cuentas de individuos elegibles, aumentaría la cobertura y disminuiría las inequidades del sistema. En Australia y Chile se aplica este tipo de esquema.

Bogotá D. C., 09 de diciembre de 2016Agencia de Noticias UN-

La débil relación entre los aportes y las pensiones obtenidas ha provocado evasión e informalidad.

Un requisito de pensión es cotizar 1.300 semanas.

En el régimen propuesto, el valor agregado del subsidio iguala el impacto fiscal del sistema de pensión público actual.

Un efecto de estos cambios deberá ser un aumento de la cobertura del sistema y una disminución de la informalidad al ofrecer esquemas pensionales atractivos.

Jaime Londoño, del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales.

Según el profesor Jaime Londoño, del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales, en Colombia el sistema de pensiones definido por la Ley 100 de 1993 tiene grandes problemas que incluyen incentivos perversos, beneficios exageradamente desiguales, baja cobertura, alta informalidad y significativo costo público.

En un artículo de análisis publicado en UN Periódico, el docente señala que la débil relación entre los aportes y las pensiones obtenidas ha provocado evasión e informalidad. Por ejemplo, “a pesar de que en 2013 el costo del sistema pensional del país era de un 5 % del PIB, de los 22 millones de trabajadores que tenía el país ese año, 7,7 millones cotizaban en el Sistema General de Pensiones, y de estos solo dos millones podrían pensionarse”.

Teniendo en cuenta esta situación, la Vicerrectoría de Investigación de la U.N. desarrolló una ”Propuesta para el diseño de sistemas alternativos de cotización, permanencia y cobertura del régimen pensional”, cuyo esquema de pensiones podría incrementar los niveles de equidad del sistema.

El profesor Londoño menciona que en principio, un diagnóstico del régimen pensional público colombiano mostró la alarmante inequidad que existe entre las poblaciones con menores y mayores ingresos, debido a las particularidades del sistema y las características de cada población aportante. De hecho, “a medida que se sube en la escala de ingresos, ya sea por factores familiares o educativos, existe mayor estabilidad en los empleos y una historia salarial ascendente durante la vida laboral”.

Para ilustrar lo anterior, en casi el 60 % de la población con menores salarios el promedio de ingresos varía muy poco en función de la edad, mientras que en el 10 % más rico la población cuadruplica sus ingresos a lo largo de su vida laboral.

El docente menciona que otra diferencia se observa en que del 30 % de la población con menores ingresos se espera que solo uno de cada cinco individuos cotice cada mes, en tanto que en el 10 % más rico nueve de cada 10 individuos aportan al sistema. Esto dificulta que la población de bajos ingresos cumpla con los requisitos de pensión, que incluye cotizaciones de 1.300 semanas. El sistema público es muy generoso cuando se cumplen los requerimientos, pero es siniestro cuando no se alcanzan.

Inequidades, el problema 

El profesor Londoño explica que para medir las inequidades del sistema se estudió en cada grupo de ingresos la cantidad necesaria, en el momento del retiro, para cubrir el valor de sus pensiones en adición a sus propios aportes. En el último cálculo solo fueron considerados los individuos que sobreviven hasta pensionarse y no sufren invalidez. Además, se supuso que los aportes son invertidos por agentes financieros (como los fondos de pensiones) que se basan en parámetros definidos por el Gobierno nacional.

Así, “el promedio de subsidio calculado en el sistema público dado a cada cotizante es de 61 salarios mínimos mensuales. Sin embargo, el Estado subsidia a las poblaciones de ingresos altos y grava a las de bajos ingresos”, afirma en el artículo de UN Periódico.

El valor de los subsidios en el 20 % de los aportantes con mayores ingresos es superior o igual a los 93 salarios mínimos mensuales por cotizante y alcanza un costo mayor a los 313 por cotizante en el 10 % de la población de ingresos superiores.

Pero el nivel de subsidios disminuye a medida que se reducen los ingresos, hasta el punto de que en el 60 % y 30 % de la población de menores ingresos –femenina y masculina, respectivamente–, en lugar de existir un subsidio existe un gravamen.

El experto destaca que la segunda característica observada es que en todos los grupos estudiados existe una gran diferencia entre los que logran cumplir los requisitos de pensión y los que no, lo cual implica una gran incertidumbre en la mayoría de los ciudadanos con respecto a los beneficios que obtendrían del sistema.

Australia y Chile aplican este esquema

Con el propósito de mostrar que sin hacer esfuerzos fiscales adicionales se puede mejorar la equidad del sistema, estudiamos las consecuencias del cambio del esquema pensional por uno de contribución compartida.

En este último el valor de la pensión depende del valor ahorrado en cuentas de cada individuo y empleador, pero en el que además el Estado subsidia estas cuentas. Por ejemplo, para los cotizantes que ganan menos de 2,5 salarios mínimos mensuales, por cada peso ahorrado en la cuenta individual, el Estado aporta hasta 1,25 pesos, según el ingreso. En Australia y Chile se aplica este esquema.

En el régimen propuesto, el valor agregado del subsidio iguala el impacto fiscal del sistema de pensión público actual. Aquí, los subsidios mensuales para cada individuo solo existen para las poblaciones de ingresos medios y bajos, siendo diferenciales y mayores en los grupos poblaciones de menor ingreso.

De esta manera se logra que el valor agregado de los subsidios sea mayor para amplios grupos poblacionales. Tal sería el caso de los cotizantes de clases medias en el que los subsidios alcanzarían valores superiores a los 76 salarios mínimos al momento de pensionarse. Esto se logra sin gravar individuos de acuerdo con sus ingresos.

Una consecuencia natural de los cambios de destinos de subsidios entre el esquema actual y el sugerido por la U.N. es un aumento importante de la población que lograría pensionarse con al menos un salario mínimo. No menos deseable, en el esquema propuesto, es una disminución de la incertidumbre de los beneficios esperados, pues la variación de la pensión en cada grupo de ingresos es menor, incrementando el atractivo del esquema pensional y en consecuencia aumentado potencialmente la cobertura.

En conclusión, se ha demostrado la necesidad de cambiar la estructura del sistema del Régimen de Prima Media por uno más equitativo, en el que sea la sociedad la que defina de forma precisa la magnitud y dirección de los subsidios para una vejez digna, y que no sean estos subsidios el resultado de diseños erróneos.

Un efecto de estos cambios deberá ser un aumento de la cobertura del sistema y una disminución de la informalidad al ofrecer esquemas pensionales atractivos.

(Por: fin/JAL/dmh/LOF
)
N.° 46

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