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Economía & Organizaciones

Consulta previa, clave para mitigar impacto en zonas indígenas

En una misma mesa se sentarán las empresas minero-extractivas con la comunidad académica y algunos miembros de comunidades indígenas, para reflexionar sobre minería extractiva.

Bogotá D. C., 31 de julio de 2014Agencia de Noticias UN-

Los indígenas ganaron el derecho a la consulta previa. - Fotos: Felipe Castaño / Unimedios

El seminario taller se celebró en el hotel Sheraton.

Reinaldo Barbosa, profesor del Departamento de Antropología e investigador del IEPRI de la U.N.

Roberto Pineda, profesor del Departamento de Antropología de la U.N.

Público asistente al evento.

La industria petrolera es una de las que más realiza consultas previas.

Ese es el objetivo del seminario taller Complejidad Étnico Territorial y Economías Extractivas, el cual está pensado como una manera de pensar hasta dónde se impactan los territorios indígenas con una presunta aplicación de la ley que se torna arbitraria en la mayoría de los casos. 

“Algunas empresas hacen una consulta previa incompleta, con preguntas abiertas como ¿están ustedes con el progreso?, las cuales dejan de fondo los problemas centrales. Así, excluyen de la consulta los impactos ambientales, sociales y culturales que pueda tener una actividad extractiva, desconociendo, además, la autonomía de los pueblos indígenas”, agregó Reinaldo Barbosa, profesor del Departamento de Antropología e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la U.N. 

En su opinión, la violación más común es el desconocimiento del convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que incluye la consulta previa. Dicho pacto está incluido constitucionalmente como una obligatoriedad por parte de las empresas y del Estado, quienes deben brindar a los pueblos la posibilidad de decidir si admiten o no el desarrollo de los proyectos que se plantean en su territorio. 

Dentro de los ejemplos que se recuerdan está el del año 2003, cuando la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) instauró una acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Director de la Policía Nacional. 

La razón: ninguno de estos altos organismos oficiales anunció la fumigación con glifosato que tendría lugar en los territorios de algunos pueblos pertenecientes a la Opiac. Es decir, no hubo consulta previa, por la que la Sala Plena de la Corte Constitucional les dio la razón a los indígenas y el Gobierno tuvo que suspender la fumigación. 

La organización demandó en su momento la protección transitoria de sus derechos fundamentales a la vida, a la existencia comunitaria, a un medioambiente sano, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y a la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan, los cuales estarían siendo quebrantados por los accionados, al ordenar y autorizar la fumigación de cultivos ilegales. 

Este hecho marcó un precedente en el país, porque se le ordenó a la Presidencia y demás autoridades consultar de manera efectiva y eficiente a los pueblos indígenas y tribales de la Amazonia colombiana sobre las decisiones atinentes al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos que se realiza en sus territorios. De esta manera, las entidades del Gobierno tuvieron que someter sus proyectos a consideración de las autoridades de los pueblos indígenas y de las organizaciones que los representan. 

Roberto Pineda, profesor del Departamento de Antropología de la U.N., enfatiza que los pueblos indígenas tienen un concepto de naturaleza muy diferente al de nosotros, pues la vemos como un recurso. 

“Ha habido casos en donde estas circunstancias han afectado a poblaciones indígenas, pero también ha habido otros en los que en virtud de las disposiciones y la responsabilidad social de algunas empresas, se han generado cambios en los proyectos, sobre todo, en los últimos 30 años”, explica Pineda. 

Recordó el caso de una empresa que recientemente intentó hacer una gran hidroeléctrica en la Sierra Nevada de Santa Marta y las poblaciones de ese sector mostraron que parte de esa represa estaba en zonas consideradas como de pagamento (ritual indígena), con lo cual la Alcaldía Municipal de Valledupar desistió de la iniciativa. 

El seminario taller Complejidad Étnico Territorial y Economías se celebra en el hotel Sheraton y se extenderá hasta este viernes 1 de agosto. 

(Por: FIN/HESP/MLA/AC
)
N.° 353

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