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Salud

Congreso debe reorganizar sistema de salud

Ante el incumplimiento de la Ley Estatutaria de Salud, a solo dos años de su expedición, expertos del sector recomiendan que el Congreso de la República reorganice el sistema de acuerdo con la Ley Estatutaria de Salud y la jurisprudencia constitucional de fondo, por medio de una ley ordinaria.

Bogotá D. C., 31 de marzo de 2017Agencia de Noticias UN-

Debate sobre los avances y desafíos de la Ley Estatutaria de Salud, organizado por el Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la U.N.

La evaluación anual de “indicadores del goce efectivo del derecho a la salud” no se ha realizado.

Según la Defensoría del Pueblo, el 64 % de las tutelas interpuestas en el país obedece a la falta de acceso a bienes y servicios de salud.

Para los analistas, el Congreso de la República debe reorganizar el sistema de salud colombiano.

Profesor Mario Hernández, coordinador del debate “Dos años de Ley Estatutaria: avances y desafíos para la garantía del derecho a la salud”.

El profesor Mario Hernández Álvarez, coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.); Carolina Corcho, vocera de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, y Jaime Urrego, candidato a doctor en Salud Pública de la U.N., hicieron una detallada revisión a la Ley Estatutaria de Salud y encontraron que varios de los artículos no se cumplen.

Los artículos 2, 5, 6 y 8, referidos a las obligaciones, por ejemplo, se están vulnerando, advirtieron. Tal es el caso de los elementos esenciales y principios a cargo del Estado y de los agentes del sistema para garantizar el derecho fundamental a la salud. A juzgar por el aumento de tutelas interpuestas por la falta de acceso a bienes y servicios de salud, según la Defensoría del Pueblo, el 64 % forma parte del Plan Obligatorio de Salud (POS).

Desde su análisis, la evaluación anual de “indicadores del goce efectivo del derecho a la salud” y la construcción de un “sistema único de información en salud” que dé cuenta de los elementos constitutivos del derecho, previstas en los artículos 7 y 19, no se han realizado, en parte porque el sistema de información es fragmentado e incompleto.

En su revisión del articulado, los investigadores manifiestan que, en relación con el artículo 9, que obliga a actuar sobre los “determinantes sociales” de las desigualdades en salud, “poco se ha hecho, más allá del establecimiento de la Comisión Intersectorial, casi inoperante, un deficiente avance del Plan Decenal de Salud Pública, altos niveles de corrupción de los programas sociales y un deterioro de los territorios y el medioambiente”.

El mandato del artículo 11, que ordena priorizar los sujetos de protección especial, como niños, adolescentes, mujeres gestantes y víctimas de violencia, contrasta con, por ejemplo, el cierre de camas pediátricas en todo el país denunciado por la Sociedad Colombiana de Pediatría. Ello, debido a la poca rentabilidad para los actores privados del sistema, o la indignante mortalidad infantil por desnutrición en La Guajira, advierten los analistas.

La participación social regulada por el artículo 12, junto con lo ordenado por la Ley Estatutaria de Participación en condiciones vinculantes para el Estado, ha sido reducida a consultas parciales, discontinuas y poco representativas del conjunto de las ciudadanías.

El proceso de precarización laboral del personal de la salud aumenta por el incumplimiento del artículo 18 que establece el “respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud”, quienes “estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos, de acuerdo con las necesidades institucionales”.

Acciones insuficientes 

Se incumple también el artículo 22, que ordena la formulación de una política de ciencia, tecnología e innovación en salud orientada –según la Corte Constitucional– a generar conocimiento que determine, entre otras, la efectividad de las tecnologías utilizadas en el país.

El artículo 23 sobre política farmacéutica –modulado por la Corte Constitucional para afectar toda la cadena de los medicamentos– ha avanzado parcialmente al definirse un techo de precios para algunos medicamentos y al negociarse con Novartis el precio del Imatinib, como dueño de la patente. Esto resulta insuficiente para impactar uno de los renglones más críticos para la sostenibilidad financiera y la eficacia del sistema de salud, sostienen los académicos.

En relación con las exclusiones ordenadas por el artículo 15, el asunto es más grave, a la luz del mandato de la Corte Constitucional, advierten los analistas. La insistencia del Gobierno en mantener un plan explícito de beneficios “colectivos” y una serie de “prestaciones excepcionales” es opuesto al mandato de la Corte, que solo aceptó una definición taxativa de exclusiones.

(Por: fin/UNP/MLA/LOF
)
N.° 514

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