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Representantes del Ministerio de la Protección Social y de la academia debatieron sobre los decretos de emergencia social / Fotos: A. Felipe Castaño - Unimedios

Y es que incluso, como se conoció en el Foro Emergencia Social en Colombia: Balance y Perspectivas, los colombianos están aportando de su propio bolsillo cerca de un 20% de los recursos de la salud, más allá de lo que cotizan. Ello se entiende como los gastos adicionales en una consulta, en medicamentos o exámenes. “Este representa 8,1 billones en el total del gasto del país. Uno esperaría que si el mecanismo de aseguramiento está funcionando, el gasto de bolsillo no fuera tan alto”, sostuvo Barón.

Países como México y Brasil están por debajo del gasto de Colombia, donde el régimen subsidiado ha crecido de manera considerable frente al contributivo. “Tenemos un mercado laboral informatizado, con un 60% de la población en actividades informales, por lo que se amplía el número de subsidiados”, dijo Barón.

De acuerdo con Juan Manuel Díaz Granados, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), de los 44 millones de colombianos solo 7 millones cotizan. “Es muy difícil, en estas condiciones, dar servicios de salud integrales a toda la población”, afirmó.

En este contexto, expresó Mario Hernández, docente de la Universidad Nacional, está quedando cada vez más claro que los problemas que detectó el Gobierno como supuestamente súbitos son estructurales y venían anunciándose desde hace mucho rato. Así mismo, dijo, se evidenció que la sostenibilidad del sistema tiene una cantidad de razones macroeconómicas, relacionadas con el mercado laboral y el manejo del sistema general de participaciones. “Por tanto, las medidas de emergencia social no van a solucionar la crisis”, señaló.

Pese a que el gasto es alto, algunos sectores se mostraron preocupados por la sostenibilidad del sistema, aún teniendo en cuenta el aumento de recursos que habrá por los impuestos a cigarrillos, bebidas alcohólicas y juegos de azar. “Las medidas de ingresos duran dos años. ¿Qué va a pasar cuando los impuestos nuevos dejen de tener vigencia?”, inquirió Díaz Granados, representante de las EPS.

Para el viceministro de Salud, Carlos Ignacio Cuervo, este es un sistema dinámico que se debe ir ajustando de manera permanente, de la mano del Congreso y la Comisión Reguladora en Salud.

En cuanto a la calidad y el cumplimiento de las normas definidas por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), enfatizó en que se les acaban de imponer unas sanciones muy grandes. “Nosotros no podemos deslegitimar a las EPS en un modelo de aseguramiento. Es importante hacer una vigilancia estrecha para que el plan de beneficios sea garantizado en cabeza del usuario, y no existan barreras de acceso”, expresó.

Dijo, además, que en Barranquilla se están haciendo pruebas piloto para igualar el POS subsidiado con el contributivo.

Según las cuentas de Fedesarrollo, de acuerdo con el profesor Hernández, se requieren 5 billones para cubrir el déficit acumulado y otros 5 para igualar los POS, lo que no haría viable este proyecto. “Entonces, la única forma continúa siendo restringir costos. Seguir hablando en esos términos no es lo más conveniente para el país”, comentó.

Para él, gracias a la discusión que se llevó a cabo en el foro, queda claro que hay que buscar otras alternativas en términos de Sistema. “Podemos mirar otros sistemas de salud, otras formas de financiamiento, de organización del servicio de salud mismo: más hacia la prevención, hacia la promoción, hacia la atención primaria integral. Tenemos una cantidad de opciones en el mundo y seguimos obsesionados con el tema de capacidad de pago, subsidio a la demanda y un mercado regulado, que no se deja regular”, concluyó.