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Tras el Consenso de Washington, el ciudadano es visto como un consumidor.

César Giraldo, líder del grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo del CID.

Las personas acceden a los servicios sociales a través del mercado. - Unimedios

La investigación, presentada en el libro Política social en América Latina: entre el asistencialismo y el mercado, empieza definiendo una política social como “una acción que emana desde el poder político hacia la sociedad”. 

Acto seguido, plantea que ese poder clasifica a la sociedad al determinar quiénes son los individuos que deben recibir las prestaciones sociales, en qué condiciones deben hacerlo, cómo debe ser su comportamiento moral y qué tienen derecho a reivindicar. 

Además, según la pesquisa, que es producto de las reuniones semanales del grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo, adscrito al CID, “las clasificaciones evolucionan a través del tiempo”. 

Así, una de estas evoluciones data de finales de la Edad Media, cuando, sumada a la caridad cristiana, aparece la “economía de la salvación”, en la cual la limosna lleva a la salvación eterna de los poderosos y a la sujeción de los pobres y desvalidos. 

Le sigue la beneficencia laica, que supone el control de las clases inferiores, esta vez por las clases superiores, a través de la caridad no religiosa. 

Más tarde, en el siglo XVIII, surge la “filantropía higienista”, que coincide con la génesis de la sociedad salarial y plantea que los trabajadores son pobres por ignorantes y sucios. 

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, las políticas bismarckianas proponen que los derechos de los trabajadores pueden ser reconocidos por los regímenes liberales sin que sea necesaria la dictadura del proletariado. 

Luego, tras la Segunda Guerra Mundial, las políticas beveredgianas conciben los derechos sociales ciudadanos como una recompensa que otorga la patria a quienes estuvieron dispuestos a dar su vida por defenderla. 

En la historia reciente, a finales del siglo XX, las reformas introducidas por el programa económico para los países latinoamericanos (diseñado por los organismos financieros internacionales y conocido como Consenso de Washington), hacen que la política social delimite al ciudadano como “un cliente consumidor que accede a través del mercado a los servicios sociales” y que, si no posee los medios económicos necesarios, pasa a ser un “pobre sujeto de programas focalizados”. Es precisamente en este enfoque en el que el libro hace hincapié. 

Así, a través de sus hojas, queda en evidencia que el poder político, a fin de ejercer una dominación pacífica, trata de imponer una determinada clasificación que represente el orden social existente como natural, único y universal. 

“Pero esto no quiere decir que contrapoderes que se oponen al poder político dominante intenten imponer otras clasificaciones. Ello hace parte de la lucha por el dominio del poder simbólico. La lucha por dicho poder es un requisito previo para cualquier proceso social y político que pretenda cambiar el orden de cosas imperante”, aclara el texto. 

El libro está compuesto por diez ensayos elaborados por investigadores del CID y compilados por César Giraldo, doctor en Economía y líder del grupo. 

El lanzamiento de esta obra tendrá lugar mañana, 19 de febrero, en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Económicas (edificio 310), a partir de las 6:00 p.m.