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“Enfermos no son buen negocio para las EPS”: CID

El Gobierno no debió declarar la emergencia social debido a que no ha ocurrido un acontecimiento abrupto que no se pueda intervenir por los mecanismos regulares de la democracia.

Bogotá D. C., 17 de marzo de 2010Agencia de Noticias UN–

El panel sobre Emergencia Social y Equidad en Salud, fue organizado por la SDS. Fotos: Víctor Manuel Holguín/Unimedios.

Carlos Betancourt, director de economía y finanzas distritales de la Contraloría de Bogotá.

Darío Restrepo, investigador del CID.

Así lo advirtió el profesor Darío Restrepo, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional en su participación en el panel Emergencia Social y Equidad en Salud, organizado por la Secretaría de Salud del Distrito.

Para el investigador, lo que hay es un problema estructural que viene de tiempo atrás.

Según los expertos, hay dos factores que han ayudado a que la situación se agudice en los últimos años. El primero, los recortes a las transferencias para la salud, con los que se han dejado de percibir unos cinco billones de pesos. Segundo, la flexibilidad laboral ha producido que un mayor porcentaje de la población deje de contribuir a la seguridad social.

“El Gobierno ya no le gira la plata a los gobiernos locales, sino que la asigna directamente a las EPS, a los ‘intermediarios financieros’, es decir que garantiza el lucro de las entidades y recentraliza los recursos. Una reforma con la que busca garantizar las rentas de estas empresas, profundizando la inequidad”, aseguró el profesor Restrepo.

Para el Centro de Investigaciones de la UN, si un usuario está por fuera de la red de un asegurador, tiene muchos obstáculos para conseguir una adecuada atención. Los ciudadanos, a pesar de estar afiliados a una EPS, tienen que financiar con sus propios recursos en casos en los que no puede ser atendido por la red de atención a la cual está afiliado.

“Todo colombiano tiene derecho a que en cualquier lugar del país sea atendido por el sistema de salud. No puede tener las barreras de una red de prestación de servicio. Eso significa que todos los prestadores de salud del país tienen que meterse en una red única nacional, así como funciona el sistema financiero, y que el asegurador y el pagador debe ser el Estado”, agregó Restrepo.

Pero el CID no fue el único en criticar las medidas del gobierno. La Contraloría de Bogotá también expresó su rechazo a los decretos de emergencia social y propuso crear un fondo anticíclico para poder enfrentar las crisis sociales que se repiten con cierta frecuencia.

“La causa estructural de la crisis financiera del sistema de salud colombiano es la precariedad del mercado laboral. Un sistema de aseguramiento individual solo puede ser viable con alto nivel de formalidad laboral y bajas tasas de desempleo. Además, las medidas acentúan el traslado de recursos de oferta al nivel nacional, lo que agravará la situación financiera de los hospitales del Distrito”, aseguró Carlos Betancourt, director de Economía y Finanzas Distritales de la Contraloría de Bogotá.

El funcionario destacó que las modificaciones que incluyen los decretos de emergencia social pueden tener un costo fiscal para el distrito del orden de los 16 mil millones de pesos; agregó que los cambios de destinación de las rentas cedidas del monopolio de suerte y azar implican una reducción de los recursos para la prestación directa de servicios de salud por más de 21 mil millones de pesos.

(Por: Fin/fbp/feb
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N.° 923

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