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Biodiversidad y ambiente: retos de un desarrollo sostenible

La transformación de Colombia en un país minero, anunciada y adelantada desde el Gobierno anterior, es una de las mayores dificultades que encontrará Sandra Bessudo al frente del Ministerio del Medio Ambiente.

Bogotá D. C., 17 de enero de 2011Agencia de Noticias UN-

Foto: Víctor Manuel Holguín/Unimedios

Tendrá la enorme responsabilidad de lograr que las políticas anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos en salud, minería, turismo, desplazamiento, vivienda, infraestructura, empleo e investigación, entre otras, sean coherentes con la complejidad y protección de los ecosistemas colombianos.

Los mapas de permisos de investigación y de títulos mineros otorgados muestran casi cubierta la Región Andina. Los habitantes de municipios como Segovia (Antioquia) están expuestos a la contaminación por mercurio en cantidades superiores a las mínimas establecidas internacionalmente, y los peces en la región de La Mojana, en el Caribe, contienen altos niveles de residuos de dicho mineral debido a la contaminación de las aguas río arriba. Los propietarios de los predios muy poco pueden hacer frente al Código Minero, y es función del Estado hacer valer en esos territorios no solo las políticas de aguas, parques nacionales, biodiversidad y producción limpia, sino las de salud, reforma agraria, producción agropecuaria y turismo, entre otras.

Numerosos estudios históricos demuestran los problemas ecológicos, sociales y económicos que dejan las actividades mineras en los sitios donde se desarrollan. No considero necesario recordarlos ahora, pero insisto en que según el concepto de desarrollo sostenible, este tipo de explotación reduce el capital natural irreversiblemente, y la única solución dada por los teóricos es la inversión de los beneficios de las actividades mineras en la generación de alternativas futuras, equivalentes a los servicios producidos por el capital perdido.

En el caso de los combustibles fósiles, los beneficios deberían invertirse en la investigación y desarrollo de fuentes renovables de energía, como las solares y las eólicas. Con relación al oro, es más difícil de resarcir dada la irreversibilidad de los estragos en la salud humana y la magnitud del daño causado en los ecosistemas afectados.

Política de poblamiento

Parte de la solución puede encontrarse en las definiciones territoriales de las políticas de vivienda, desplazamiento, turismo, investigación y empleo. Si se evitan los dogmatismos simplistas y se diseñan con suficiente detalle y complejidad, podrían tenerse en cuenta las contradicciones espaciales y proponer una nueva política de poblamiento, que indicara al sector privado en qué sitios puede invertir con alguna seguridad de sostenibilidad de sus empresas. El Ministerio de Ambiente podría hacer aportes significativos a la propuesta estudiando la sostenibilidad ecológica, económica y social de los procesos de desarrollo que se intentan en cada municipio, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) podría revisar sus estimaciones de los beneficios mineros teniendo en cuenta las recomendaciones de Stiglitz, Sen y Fitoussi en su nuevo libro, que explica los errores cometidos en las Cuentas Nacionales y en los estudios de costo–beneficio.

La sostenibilidad territorial de los procesos de desarrollo puede estimarse si se identifican dichos procesos y se examina la geografía y la historia de cada sitio. Por ejemplo: es probable que los municipios que hoy expulsan población no puedan crecer sin recibir inversiones considerables; que los municipios que tienen problemas de oferta de agua potable por condiciones hidrológicas y climáticas no proyecten aumentos significativos de actividad económica, y que los municipios lejanos de los mercados difícilmente puedan sustentar aumentos grandes de la oferta de sus productos.

Las inversiones para incrementar el producto o la demografía, pero que presenten capital natural escaso y una mala historia socioeconómica y cultural, se enfrentan a riesgos demasiado grandes, como lo saben los buenos empresarios. Es poco el beneficio que las actividades mineras en municipios con bajo potencial de crecimiento pueden ofrecer en el largo plazo a sus habitantes, y grande el daño que generan en su calidad de vida.

Plantear prioridades

Una política de poblamiento fundamentada en un análisis de la sostenibilidad territorial de los municipios podría indicar a los ciudadanos dónde construir vivienda y establecer empresas con mayores posibilidades de éxito y mayor durabilidad.

Las metas que ha planteado el gobierno electo son tan grandes, que si se aplican en “lugares equivocados” pueden producir más perjuicios que beneficios. Si los dos millones y medio de viviendas proyectadas se construyen en la Sabana de Bogotá, puede que aumente el ingreso y el producto y se solucione el problema de mucha gente pobre, pero se destruirían las partes planas de un ecosistema único en el continente. Al contrario, si se identifican los sitios de suelos poco fértiles, menor biodiversidad, mayor oferta de agua y menor distancia a los mercados internacionales, esos dos y medio millones de viviendas podrían al mismo tiempo proveer empleo a otro tanto de desplazados o desempleados.

Los municipios situados en los ecosistemas de mayor belleza paisajística, cercanos a los bosques megadiversos, pueden no brindar mayor sostenibilidad a la industria o al comercio, pero son los destinos obligados del turismo y deben protegerse de la minería, la cual seguramente ofrezca un aumento inmediato de ingreso no obstante su destrucción en el futuro. Los ecosistemas que presentan los suelos planos más fértiles, como los del Valle del Cauca y del Sinú y los de la Sabana de Bogotá, deben protegerse a todo costo porque constituyen el patrimonio ecológico necesario para asegurar la alimentación de los nietos.

Finalmente, el interés del próximo Gobierno en la investigación debe ser aprovechado por el Sistema Nacional Ambiental para plantear prioridades que faciliten la gestión en este campo.

A primera vista, es necesario tener más fondos para construir modelos hidrogeológicos que nos aclaren los impactos de la minería en las aguas superficiales y subterráneas. No tenemos estudios detallados de los suelos para poder definir seriamente su capacidad agropecuaria. Deberíamos concentrar los dineros adicionales que podrían obtenerse de las regalías mineras en desarrollar las energías solar y eólica; la diversidad de plantas con propiedades psicotrópicas podría aportar alternativas menos dañinas a las necesidades humanas; nuestras complicadas violencias y rebeliones deberían estudiarse más allá de las aproximaciones disciplinarias. Estas y otras prioridades pueden plantearse desde el ambientalismo complejo y esa es la complejidad necesaria en el ministerio.

(Por: Fin/Julio Carrizosa Umaña, Miembro Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físi
)
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