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Amnistías generales no pueden confundirse con las condicionadas

“A veces hasta la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mezcla estos conceptos, por lo que faltan precisiones conceptuales y terminológicas para no confundirlos”.

Medellín, 23 de febrero de 2017Agencia de Noticias UN-

Las amnistías se refieren al perdón decretado por el Estado para cesar la acción penal. Foto tomada de: goo.gl/UT59fy

La masacre en Barrios Altos, Lima, ocurrió en 1991. Foto: goo.gl/plhUx9.

Entre las víctimas de la masacre en 1981 de “El Mozate”, en El Salvador, hubo niños. Foto tomada de: goo.gl/qO43Qu

Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Foto tomada de: goo.gl/ZQyXfL.

La sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está ubicada en San José, Costa Rica. Foto: goo.gl/mf9mDk.

Gerardo Durango, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la U.N. Sede Medellín. Foto: Facultad de Ciencias Humanas y Económicas U.N. Sede Medellín.

Esa fue una de las conclusiones a las que llegó Gerardo Durango Álvarez, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Medellín, durante la investigación que realizó en la CIDH acerca de las amnistías en América Latina, para lo cual consultó a jueces y abogados de la misma Corte.

Las amnistías pueden se pueden entender como concesiones de perdón generalizadas decretadas por el Estado para cesar la acción penal y renunciar a todo tipo de investigación por violaciones graves a los derechos fundamentales.

Como parte del estudio, el docente identificó varios momentos jurisprudenciales asociados con ellas. Uno de estos es el periodo entre los años setenta y noventa, cuando las amnistías se concedieron por parte de regímenes totalitarios, sobre todo en países como Argentina, Chile, Brasil y Paraguay.

Otro fue en 2001, cuando a propósito del caso “Barrios Altos vs. Perú” la CIDH analizó la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado peruano en su lucha contra “elementos subversivos”. Esa fue la primera ocasión en que este sistema de defensa de DD. HH. se refirió a las amnistías.

Sobre estas, el profesor Durango explica que “la CIDH ha dicho que son inadmisibles aquellas amnistías que conlleven a no sancionar a los responsables, no buscar la verdad y no reparar a las víctimas si esas concesiones se aplican a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio”.

Según el investigador, un dilema es que a partir de 2012 la CIDH revisa algunos casos referidos a conflictos armados internos, como el caso “El Mozotes vs. El Salvador”, en el que se comienza a introducir la idea de ponderar entre la necesidad de implementar la paz y los derechos de las víctimas.

El caso, afirma, remite directamente a la situación de Colombia, donde la Justicia Especial de Paz deberá analizar esta situación con detalle.

La idea de los estados era diferente en los años ochenta y noventa, cuando consideraban que no se tenía que responder internacionalmente frente a los daños causados por las violaciones de los derechos humanos. Esta concepción comenzó a cambiar, según el docente, con el caso “Barrios Altos vs. Perú” de 2001, relacionado con la masacre cometida por miembros del Ejército en ese sitio de Lima.

Por otra parte, para el investigador, un aporte importante sobre la prohibición de las amnistías generales se dio con el caso “Gelman vs. Uruguay” de 2011, en cuya sentencia se incorporó la concepción de que “incluso las mayorías cualificadas tienen prohibido conceder amnistías generales aunque se haga mediante mecanismos democráticos y se pretenda terminar el conflicto armado”.

Según el profesor Durango, acerca del caso de las amnistías condicionadas se comenzó a hacer mención a ellas partir de la sentencia “El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador“, relacionada con la masacre de cerca de un millar de personas en 1981 como parte de un operativo militar.

Contexto colombiano

En Colombia la Ley 1820 de 2016 establece a quién no se le puede otorgar amnistía general. Sin embargo el docente reflexiona sobre el hecho de que “tanto la CIDH como la Corte Penal Internacional han estado pendientes para que en el caso colombiano no se otorguen amnistías generales, prohibidas por los estándares internacionales sobre derechos humanos”.

“La gran pregunta es qué pasará con los bandos medios y bajos que hayan cometido delitos de lesa humanidad y no hayan sido seleccionados”, añade.

En el contexto nacional, para él la investigación representa un aporte en el sentido de que puede ser de ayuda “para que quienes administren justicia y creen las normas respeten los estándares internacionales que prohíben conceder amnistías generales”.

El estudio quedó condensado en un libro que se espera publicar próximamente con el sello de la U.N.

(Por: FIN/KAG/MLA/LOF
)
N.° 322

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