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A través de las Alianzas Público Privadas, el Estado ha ejecutado complejas obras de infraestructura. Foto: archivo Unimedios. Fotos: archivo Unimedios.

Los factores negativos de las APP están asociados con sobrecostos, mayores tiempos de ejecución y dificultades de financiación.

Entre los factores positivos para crear APP figuran las capacidades de estructuración, de construcción y de mantenimiento .

La corrupción y la deficiente gestión predial figuran entre los factores de riesgo que impiden la creación de APP.

Según el investigador, es necesario avanzar en el mejoramiento de la estructuración de proyectos y ajustes normativos.

A esta conclusión llegó Iván Darío López López, doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, quien desarrolló un estudio sobre los factores negativos y de riesgo de este modelo, motivado por el interés de los sectores público, privado y de la academia de explorar mejores formas de financiar e implementar acuerdos de APP.

Dichos factores están asociados con sobrecostos, mayores tiempos de ejecución, dificultades de financiación, diferencias políticas, restricciones legales y conflictos sociales, entre otros.

También se encuentran los “factores positivos” y los “factores críticos de éxito”, como capacidades de estructuración, de construcción y mantenimiento; disponibilidad de financiación; apropiada asignación de riesgos y una rigurosa factibilidad técnica.

Las necesidades crecientes de recursos y de gestión del sector público en Colombia sobrepasan hoy la capacidad del Estado para solucionar el déficit histórico de infraestructura. Esta situación ha llevado al sector público a suscribir acuerdos contractuales con el sector privado, conocidos como APP.

Para la investigación, el doctor López recurrió a entrevistas con 30 expertos en APP, con alta responsabilidad gerencial o directiva: “indagamos sus percepciones acerca de los factores determinantes de las APP en infraestructura”.

Los resultados se analizaron, interpretaron, compararon y contrastaron con los de estudios adelantados en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, China y Singapur, entre otros.

Entre los expertos consultados están los asesores del senador ponente de la Ley de APP en Colombia, además de académicos expertos en el tema y directores del área en entidades públicas nacionales como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Financiera de Desarrollo Nacional.

Infraestructura económica y social

Según el investigador, la infraestructura se divide en económica –pensada para proveerles servicios básicos a los negocios y a la industria, como carreteras y puentes– y social, como hospitales, escuelas y viviendas, que suministran servicios básicos a los hogares y las familias.

En Colombia el desarrollo de la infraestructura presenta dos grandes problemáticas asociadas con los sobrecostos, con los largos tiempos de ejecución de los proyectos, o incluso con planes que no se finalizan.

Estas problemáticas se fundamentan en la ausencia de un diseño y una planeación de infraestructura de largo plazo, diseños de infraestructura incompletos, problemas en adquisición de predios, dificultades en la obtención de licencias ambientales y en la corrupción en la contratación.

Por eso, para el doctor López “es necesario avanzar en el mejoramiento de la estructuración de proyectos, en la realización de ajustes al normativo legal de la contratación pública, la adopción de pactos sociales anticorrupción y en la fijación de prioridades con el fin de aumentar la cobertura y la calidad de la infraestructura, reduciendo así los costos y los tiempos de ejecución”.

La investigación arroja que la creación de las APP en Colombia está motivada por la mejora en las capacidades de estructuración y ejecución de los proyectos, aprovechamiento de los talentos de creatividad e innovación, ahorro de tiempo en la entrega de los proyectos y transferencia de riesgos a la parte privada.

También se identificó que los factores negativos que conducen al sector público a preferir la obra pública tradicional en vez de las APP tienen que ver con la alta dependencia del sector privado, los altos costos de esta participación, el alto el valor del proyecto, los pocos planes que llegan a la etapa de contrato, los largos tiempos del proceso de contratación y las restricciones a la participación privada.

“En este sentido, los expertos en APP consideraron que la corrupción, la deficiente gestión predial y la no identificación de redes de servicios públicos, las posibilidades de insolvencia del privado y la ausencia de límites de tiempo para tramitar las consultas previas a las comunidades, también son otros factores de riesgo que impiden la creación de APP”, concluye el investigador.