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Análisis

Al PND le falta equidad en seguridad social

Democratizar el crédito, destinar ingresos básicos para adultos mayores desprotegidos y extender las prestaciones económicas del régimen contributivo al subsidiado son algunas de las medidas que le faltan al Plan Nacional de Desarrollo (PND), para cerrar las brechas de inequidad en el país.

Bogotá D. C., 11 de marzo de 2015Agencia de Noticias UN-

Cerrar las brechas de inequidad social es uno de los grandes retos del PND.

Proteger a los adultos mayores más necesitados debe ser una política prioritaria en seguridad social.

Profesor Oscar Rodríguez, investigador del CID e integrante del Grupo de Protección Social.

El PND plantea promover el ahorro pensional entre la población joven.

La clase media está en riesgo de volver a caer en condiciones de pobreza.

En el PND no se aclara si el Gobierno aceptará recomendaciones de la OCDE como la de igualar la edad de pensión para hombres y mujeres.

Según el análisis realizado al documento, desde la perspectiva de seguridad social, el profesor Oscar Rodríguez, del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) y del Grupo de Protección Social, considera que el documento también deja dudas sobre si el Gobierno aceptará las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en cuanto a igualar la edad de pensión para hombres y mujeres. 

El académico retoma dos estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se involucran directamente con la protección social: la movilidad social y la consolidación del Estado Social de Derecho. 

En este contexto, asegura el profesor Rodríguez, se propone un Sistema de Protección Social (SPS) que pretende reducir la inequidad, luchar contra la pobreza, disminuir la vulnerabilidad, fortalecer la clase media y garantizar la movilidad social. Cuestiona que esta última, no contemplada en planes anteriores, es abordada por técnicos de planeación con base exclusiva en el nivel de ingresos. 

Según el diagnóstico presentado por el PND, el 17 % de la población colombiana es vulnerable, por lo cual el nivel de ingresos que perciben los puede hacer caer en la pobreza. Entre  2010 y 2013, su número ha pasado de 8,1 a 8,7 millones de personas. 

Entre las tareas gubernamentales propuestas para alcanzar la equidad figuran la consolidación de la clase media y la disminución de la pobreza, así como el impulso de políticas para formalizar el mercado de trabajo y disminuir la desigualdad. 

Aunque son avances importantes, el docente del CID sostiene que una de las políticas más eficaces para generar empleo formal sería la democratización del crédito, que implicaría, entre otras medidas, disminuir la tasa de intermediación financiera, reducir las tasas de interés al consumo (tarjetas de crédito) y bajar la de interés de usura. “Tales acciones beneficiarían pequeños y medianos empresarios, componentes de la clase media”, precisó. 

El PND plantea, igualmente, buscar la inclusión social “a través de una oferta  de protección y promoción social articulada y focalizada”. Esta última sustituye la asistencia social, descalificada por su relación con el clientelismo y la corrupción. En contraste, comenta el experto, en Europa se reivindica la asistencia social como un derecho, ante lo cual deja abierta la siguiente pregunta: “¿La política de la promoción social, tal como está diseñada, supera las prácticas clientelistas o, más bien, las profundiza?” 

Entre las acciones prometidas por el PND están: cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, acercando el país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos, ampliar el programa de transferencias condicionadas, promover el uso de los beneficios económicos periódicos (BEPS), aumentar la cobertura y la atención al adulto mayor desprotegido e incentivar la generación de ingresos para superar la pobreza. 

Sin embargo, advierte el docente, las metas cuantitativas son realmente limitadas, al citar el caso del programa Familias en Acción, cuya cobertura se espera ampliar con 268.448 nuevas vinculaciones, es decir, un incremento anual de 67.112 familias. “Parecería que las prioridades estuvieran asociadas más con el pago de la deuda y el gasto militar que con  SPS”, afirma. 

Según el Plan, este programa de transferencias condicionadas ha sido un éxito en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, el profesor Rodríguez añade que el documento no dice que también lo ha sido para garantizar la gobernabilidad, en términos de uso electoral, tal como ocurre en México con Progresa y en Colombia con la elección presidencial del 2010. 

Aunque se subrayan los logros en equidad y en aseguramiento social, al no extender las prestaciones económicas del régimen contributivo (pago de incapacidades y de licencias, en especial las de maternidad) al subsidiado, la inequidad permanece e incrementa la vulnerabilidad, afirma el académico. 

En riesgos laborales, se propone aumentar la cobertura para los trabajadores informales, en 1.052.633 nuevos afiliados, es decir, una nueva afiliación anual de 263.165 trabajadores. La pregunta del docente es: “¿No se obtendrían mejores resultados estableciendo un sistema de solidaridad en riesgos laborales, como el que existe en  salud y en pensiones?” 

Para lograr una sociedad más democrática y un SPS que proteja la vejez y fortalezca la lucha contra la pobreza, el analista del CID recomienda brindar, como mínimo, un nivel básico de ingresos a las personas de edad avanzada. 

La lectura del PND, además, deja algunas dudas sobre si el Gobierno aceptará las recomendaciones de la OCDE para incorporarse como miembro pleno de este organismo, comenta el profesor Oscar Rodríguez, al recordar que una de ellas es la de igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres a 62 años, aumentar ese umbral y liquidar pensiones por debajo del salario mínimo.

(Por: Fin/MLA
)
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