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Política & Sociedad

Ajuste de Ley de Educación Superior debe concebirse mejor

Académicos, senadores, representantes de los estudiantes y de instituciones universitarias coincidieron en que la modificación de la Ley 30, de Educación Superior, debe concebirse de una mejor forma.

Bogotá D. C., 21 de mayo de 2010Agencia de Noticias UN–

Representantes de diversos sectores educativos asistieron al foro sobre educación superior en el Congreso de la República. - Fotos: Víctor Manuel Holguín / Unimedios

Así lo manifestaron en un foro desarrollado en el Senado de la República, donde se expusieron los diversos argumentos que explican las fallas que contiene el proyecto de modificación de la Ley, la cual podría aprobarse la próxima semana.

Víctor Manuel Moncayo Cruz, ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, considera que es un proyecto improvisado que no resuelve el problema de la crisis financiera de las universidades. “En apariencia adiciona unos recursos, pero condicionados a un direccionamiento por parte del Gobierno en política de educación superior. Por consiguiente, es violatorio de la autonomía en todos los órdenes, tanto en lo financiero como en lo académico”.

Moncayo aseguró que los congresistas deben estudiar de forma más juiciosa la forma cómo se financiará a las universidades, de tal forma que haya un flujo constante de recursos. “Esto puede ser sobre la base de una renta de destinación específica y garantizando, además, que no se reduzca un determinado porcentaje del presupuesto nacional”.

La senadora Gloria Inés Ramírez, quien convocó al Foro en el Congreso, asegura que es clave una reforma de la Ley 30, pero no como se está dando en la actualidad.

“Uno de los puntos que más me preocupa es que se profundiza la inequidad entre las universidades públicas grandes y las pequeñas. No todas las universidades tienen las mismas capacidades para entrar a competir por unos recursos”, aseguró Ramírez.

La senadora explicó que gracias a las movilizaciones estudiantiles, el Gobierno accedió a destinar recursos adicionales por 160 mil millones de pesos. Sin embargo, opinó que la distribución de esos recursos no se da de la mejor manera.  

“Cuarenta y dos mil millones de pesos irán para que las universidades asuman los costos financieros producto de la sentencia y de las obligaciones para personal docente. Otros 70 mil millones de pesos los ha colocado para la extensión de cobertura y para expansión, pero para eso ha dispuesto unos indicadores, es decir, ha violentado a la universidad, la cual, en su autonomía, debería tener la facultad para decir cómo haría la expansión y la cobertura y no bajo indicadores que el Gobierno imponga”, detalló la congresista.

Agregó, además, que se dispusieron 30 mil millones de pesos para que Colciencias fortalezca los grupos de investigación en el país, pero considera que esos dineros deberían haberse asignado directamente a las universidades, para así garantizar que en verdad los recursos se destinen para el fortalecimiento de la investigación académica.

Ramírez también llamó la atención sobre un artículo de la Ley 30 en el que se estipula que las entidades territoriales deben pagar las deudas de concurrencia que tienen con las universidades públicas.

“Esto parece muy loable, en principio se podría estar de acuerdo con la iniciativa, pero mi pregunta es de dónde van a sacar recursos las entidades territoriales. Esto realmente se vuelve una falacia, letra muerta, porque los departamentos no tienen de dónde sacar dinero, debido a que el Gobierno les recortó las transferencias”.

Entre tanto, Gonzalo Arango, académico de la Universidad Nacional, manifestó que el punto central al que debe hacérsele frente es al de convertir la educación superior en un producto del mercado.

“A la educación superior le pasa lo mismo que al sistema de salud, la atención depende de los recursos económicos que tenga la persona. Es decir, demuestre ser pobre y le doy un pedacito, pague y le doy otro pedacito, y si paga más le doy lo mejor. Eso produce una inequidad social sistemática, no hay garantía de derechos universales”, dijo Arango, representante de los profesores universitarios.

En el momento, el proyecto está en trámite y es estudiado en sesiones conjuntas y misiones extras tanto del Senado como de la Cámara. Luego pasará a plenaria. En el foro se expresó la preocupación de que la aprobación del proyecto de reforma de la Ley 30 se haga de forma precipitada, debido al mensaje de urgencia que envió el Gobierno Nacional para que quede aprobado antes de que termine su periodo.

(Por: Fin/capg/feb
)
N.° 541

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