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Política & Sociedad

Adolescentes infractores: entre el código y falta de opciones

El actual debate sobre la reforma del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente evidencia la crisis de institucionalidad del Estado, la ineficacia del sistema judicial y la ausencia de políticas sociales.

Bogotá D. C., 23 de noviembre de 2010Agencia de Noticias UN -

El Redentor, Centro de Privación de la Libertad, busca reformar a los jóvenes por medio de cinco pilares: desarrollo humano, familiar, técnico, académico y terapéutico. - Foto: Víctor Manuel Holguín / Unimedios

Estos factores son los que inciden en las causas de las problemáticas de los niños y adolescentes que infringen la ley y que están juzgados bajo el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1080 de 2006), el cual divide la opiniones de quienes, por un lado, formulan propuestas que van desde la disminución de la edad penal y el incremento de las sanciones impuestas a los adolescentes hasta la desaparición del mismo para que sean juzgados como adultos.

Por otro lado, se encuentran las instituciones que defienden los derechos de los menores y los tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual protege a los menores de edad, a quienes el Estado debe garantizar un tratamiento especializado, y establece unas medidas de prevención y sanción apropiadas para su adecuado desarrollo.

Los recientes problemas de violencia en las grandes ciudades, como el de la Comuna 13 de Medellín, donde hay adolescentes involucrados en delitos graves como homicidio, extorsión, hurto agravado, etc., encendieron la alarma de las autoridades para que tomen medidas al respecto y se evalúe qué está pasando con la aplicación del actual Código, conformado por principios, normas, procedimientos, autoridades y entes judiciales, de investigación y policía especializados que rigen la investigación y juzgamiento de adolescentes entre 14 y 18 años que cometen un delito.

Las sanciones impuestas, de carácter pedagógico, protector y restaurativo, son la imposición de reglas de conducta, amonestación, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, internamiento en medio semicerrado y privación de la libertad en un Centro Especializado, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Según información del Consejo Superior de la Judicatura, en el 2009 entraron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) 3.600 jóvenes entre 14 y 18 años, 15% más que en el 2008. En el país, desde que entró en vigencia el Código se han hecho 101.690 audiencias de control y se han sancionado 12.943 adolescentes. En Bogotá, hasta este año, han sido juzgados 3.507.

De acuerdo con la misma fuente, los delitos cometidos por los jóvenes infractores son: hurto, 40,2%; tráfico de estupefacientes, 29%; homicidio, 4,8%; lesiones personales, 2,0%; acceso carnal abusivo con menores de 14 años, 1,6%; violencia intrafamiliar, 0,9%; otros procesos, 26,3%.

Sin embargo, es claro que el SRPA no funciona de la manera en que debería ser. “Estamos improvisando en este tema creyendo que todo se resuelve con la ley. Es una fuga hacia el derecho penal, pero eso no ataca el fondo del problema que son las causas sociales”, manifestó Humberto Vergara, abogado de la Universidad Nacional experto en el tema.

Para el sacerdote Héctor Aníbal Correa, director del Centro El Redentor, uno de los lugares especializados, el Código presenta varias dificultades. “La pena máxima es la privación de la libertad máximo por ocho años, pero en ningún caso se aplica porque el muchacho no puede ingresar antes de los 14 y sale máximo a los 21, ese es el primer error. Un joven que cometa un delito atroz a los 17 años y medio, por más grave que sea, sale a los 21. Además se exige tener centros preventivos, de privación de libertad y transitorios aparte, y a los jóvenes de 18 a 21 años separados de los demás y eso no sucede, la realidad es otra”.

El origen de la problemática

El Redentor, Centro de Privación de la Libertad para Adolescentes de Bogotá, aunque cuenta con una capacidad para albergar a 280 jóvenes, actualmente tiene 66 mujeres y 380 hombres internados. Su director, miembro de la Comunidad de Terciarios Capuchinos, aseguró que “del 95 al 97% de ellos pertenecen a estratos 0, 1 y 2, quienes provienen de barrios marginales, familias desintegradas, sin acceso a la educación y son muchachos que generalmente tienen relación con agrupaciones al margen de la ley, adictos a sustancias psicoactivas o han tenido contacto con estas”.

Para el padre Héctor A. Correa, aunque la labor de los centros es positiva, “es necesario que la intervención del Estado se focalice en la prevención. La sociedad, el colegio y las familias, que fueron quienes los expulsaron, no están intervenidas; por eso cuando los adolescentes terminan el proceso reeducativo y terapéutico tienen que volver al mismo sitio de donde salieron y se encuentran con un medio más hostil del que dejaron”.

“Más que buscar soluciones en la normatividad, hay que garantizar las condiciones para que esta se pueda aplicar, ajustar mecanismos para que las normas sean más eficaces, tener sistemas de juzgamiento ágiles, centros de privación de la libertad que realmente logren rehabilitar y, lo más importante, ofrecerles a los muchachos la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y darles lo que la sociedad le ha negado a gran parte de los adolescentes infractores”, concluyó el abogado Vergara.

(Por: Fin/car/csm/lrc
)
N.° 359

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