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Academia debe contribuir a mejorar régimen sancionatorio para carteles

En la actualidad cursan grandes investigaciones por conductas anticompetitivas en sectores clave de la economía, entre ellos los procesos de licitaciones públicas, la industria cementera y algunos productos agrícolas.

Bogotá D. C., 13 de octubre de 2016Agencia de Noticias UN-

En Colombia se han denunciado los carteles empresariales de los pañales y del papel higiénico.

En la actualidad se investiga el proceso de las licitaciones públicas.

La industria de cemento también estaría incurriendo en prácticas anticompetitivas.

En algunos productos agrícolas se pueden estar presentando prácticas ilegales de mercado.

Profesor Juan Pablo Herrera Saavedra, de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N. Sede Bogotá.

Así lo afirmó Juan Pablo Herrera Saavedra, coordinador de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Bogotá.

El investigador recordó que en esta década la SIC ha sancionado varias empresas por haber violado el régimen de libre competencia, pero la tarea apenas comienza, por lo cual considera que la academia debe plantear propuestas para mejorar el régimen sancionatorio.

“Los carteles empresariales siguen en la mira de las autoridades y los siguientes que probablemente ocuparán las portadas de los diarios estarán asociados con productos muy sensibles para los consumidores”, agregó el académico.

Según el docente, uno de los retos inmediatos es optimizar el régimen colombiano de libre competencia a través de su actualización, para lo cual es esencial optimizar el aparato sancionatorio de manera que, en efecto, las empresas se abstengan de conformar carteles que fijen precios o manipulen las condiciones del mercado.

“Ver hoy carteles anticompetitivos asociados con productos de consumo masivo nos lleva a la gran conclusión de que en efecto las personas de menos recursos son las que terminan pagando los sobrecostos. Si Colombia no es consciente de que las políticas de libre competencia requieren de un fortalecimiento permanente desde el análisis económico, seguramente no podremos migrar hacia unos estándares similares a los de muchos países más desarrollados en ese control”, sostiene el docente de la U.N.

Señaló además que las licitaciones públicas representan entre el 13% y el 15% del producto interno bruto de muchos países. En el caso colombiano, uno de los grandes flagelos en materia de pérdida de competitividad es la distorsión que se puede estar generando en los procesos de contratación pública, en los que el Estado termina pagando grandes sobrecostos por los carteles que se conforman en este gremio.

Actualmente se investigan licitaciones con hallazgos de colusión, figura que consiste en celebrar pactos ilícitos entre dos o más sujetos para afectar a un tercer actor.

El profesor Herrera también mencionó así el caso de los grupos de vigilancia y seguridad privada contratados por las entidades públicas: “en la actualidad, la autoridad competente evalúa y tipifica la conducta y realiza las investigaciones necesarias para reconocer hasta dónde hay responsabilidad de una serie de empresas de un mismo dueño que efectivamente afectaron, en principio, cerca de 252 propuestas”.

En el caso de la industria cementera, manifestó que existen serios indicios de la configuración de prácticas anticompetitivas, al igual que en algunos productos agrícolas. Al respecto, se busca establecer en qué medida los mercados oligopsónicos (en los cuales hay un número reducido de compradores que imponen las condiciones de precio) podrían afectar a los productores agrícolas. 

Para seguir avanzando en el control de esta actividad ilícita, el experto invitó a los estudiantes de la FCE a generar ejes de investigación en organización industrial, a partir de la microeconomía aplicada, los mercados y las políticas públicas, ya que el sector real necesita personas competentes y propositivas en esas áreas para robustecer la institucionalidad de libre competencia en el país.

“Necesitamos contar con más economistas interesados en estudiar en qué consiste el programa de denuncias por colaboración, y cómo optimizarlo y aplicarlo como un mecanismo susceptible de mejora constante. Además, desde las aulas se requiere incentivar discusiones sobre el régimen sancionatorio con el objetivo de buscar alternativas para que, de manera efectiva, a las empresas se les castigue proporcionalmente a sus ventas”, explica el profesor Herrera.

Debido a que en el país predominan las estructuras oligopólicas, existe un riesgo constante de que se presenten conductas anticompetitivas, aseguró. De ahí que, en su opinión, el reto de Colombia es reforzar su capacidad institucional para detectar y sancionar este fenómeno, para lo cual se requiere del apoyo indiscutible de la academia.

(Por: fin/CID/MLA/LOF
)
N.° 691

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